El TSJ tumba un PAI de Ortiz en Benidorm con 23 rascacielos
El tribunal ordena al Ayuntamiento a que inicie el trámite desde el principio El promotor había introducido modificaciones para ganar edificabilidad
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana revocó ayer la adjudicación del PAI Armanello de Benidorm, un plan parcial aprobado y concedido definitivamente a Enrique Ortiz e Hijos, SA, por el Ayuntamiento benidormense el 29 de octubre de 2002. Este plan parcial contemplaba la construcción de 23 rascacielos de 29 alturas.
Según la sentencia del tribunal, se estima el recurso presentado contra el acuerdo que aprobó la alternativa técnica y adjudicación del PAI del sector PAU 1 Armanello, por el que “se dispuso que la cesión del 34% del aprovechamiento de este sector se hiciera en dinero y no en suelo, alcanzando la cantidad de 1.425.847.698 pesetas”, una sentencia que, según el TSJ, se basa “en la medida en que en ellos se obliga a los propietarios a ceder aprovechamiento que excede del 10% del aprovechamiento del sector”, el máximo al que obliga la legislación.
La sentencia del TSJ conduce “a la anulación total del programa impugnado, pues la asignación de un nuevo porcentaje de cesión obligatoria implica, siempre y necesariamente, la modificación del plan parcial del sector por la necesidad de repercutir los nuevos aprovechamientos entre todos los propietarios”.
Acuerda repercutir los nuevos aprovechamientos entre todos los propietarios
Este plan parcial se anula a instancias de diferentes propietarios porque introdujo “modificaciones sustanciales posteriores al acto de aprobación sin seguir el procedimiento necesario, ni dar audiencia a los interesados”· Según el TSJ, el PAI mutó desde su aprobación inicial para conseguir una edificabilidad superior a la originaria, hasta alcanzar 0,7 metros de techo por metro cuadrado de suelo, al margen de otras irregularidades que el juez considera para tumbar el proyecto de Ortiz. De hecho, los demandantes actuaron contra el Ayuntamiento de Benidorm (entonces presidido por el popular Vicente Pérez Devesa) el adjudicatario y la mercantil Coricam Mediterránea, SL, que fue codemandada.
El juez considera que “los afectados no saben cuál va a ser el coste de las cargas de urbanización ni la retribución al urbanizador, aprobándose y adjudicándose por tanto el PAI sin conocer estos datos, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello comporta”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
