Convergència justifica la amnistía fiscal por lo excepcional de los presupuestos

Con las comunidades autónomas inmersas en un duro ajuste, que empezó en Cataluña, el Gobierno ha optado por la amnistía fiscal como una de sus principales propuestas en los presupuestos. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) solo ve una justificación a la mezcla de ambas medidas: la "excepcionalidad" del momento. El secretario general de la formación, Oriol Pujol, se ha amparado en esta situación para no rechazar de pleno la amnistía: "Lo que ayuda a entenderlo es la excepcionalidad del momento, que debe hacerles pensar que esto permitiría recaudar estos 2.500 millones de euros. Solo sería justificable por esa excepcionalidad", ha remarcado Pujol, que ha recordado que la medida ya se tomó dos veces con Gobiernos socialistas. "Ojo con los rifirrafes, no serían muy elegantes", ha avisado Pujol a PSOE y PP.

El secretario general nacionalista ha tildado los presupuestos y la amnistía fiscal de "desconcertantes", valiéndose del adjetivo utilizado por el Financial Times. Pujol, que ha repetido el adjetivo una decena de veces, considera que el Gobierno debería haber hecho un mayor recorte del gasto reduciendo estructuras y personal. Tampoco entiende que no se haya tocado el IVA o haber apostado por vías de copago, igual que hizo Cataluña. "Es desconcertante por lo que han hecho, y desconcertante por lo que no han hecho", ha cerrado Pujol.

Pese a las diferencias de criterio, Convergència solo pone una condición para el sí a los presupuestos, que ya concretó la semana pasada el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida: que estén consignados los 219 millones de euros pendientes de la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatuto. "De entrada, es la partida catalana. Lo primero es esto. Vivimos como vivimos, y estos 219 millones de euros ya están contabilizados en el presupuesto de la Generalitat para el año 2012". CiU tendrá la respuesta mañana, cuando se publiquen los presupuestos en el Boletín Oficial del Estado. Pujol confía en que el Gobierno, aparte de pagar esos 219 millones, dé solución a deudas pendientes de otros años, como los 759 millones de la anterior liquidación de la Disposición Adicional Tercera.