El ministro del Interior equipara el vandalismo con la ‘kale borroka’

Los incidentes ocurridos durante la huelga general del 29-M, especialmente virulentos en Barcelona, han situado en el centro del debate público la lucha contra los disturbios callejeros. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que el Gobierno central prepara una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, pretende “asimilar” las penas para los responsables de actos vandálicos a las previstas para los autores de acciones de kale borroka.

“Hay que dotar a la policía, los jueces y los fiscales de los instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a este fenómeno de violencia de guerrilla urbana”, dijo Fernández Díaz en declaraciones a TV-3. El objetivo de los ministerios del Interior y de Justicia es que los activistas antisistema sean considerados “organización criminal” y se eleve la pena mínima a dos años de cárcel por su participación en incidentes violentos. De esa forma se podrá solicitar prisión provisional para los violentos y, en caso de condena, su ingreso efectivo en la cárcel.

Los activistas antisistema comparten con los responsables de la kale borroka al menos dos características: actúan de forma organizada y con premeditación. De ahí, insistió Fernández Díaz, que sea necesario “asimila”" la respuesta penal ante esos dos fenómenos. La reforma que prepara el Gobierno plantea un mínimo de dos años para quienes se “concierten” por cualquier medio para alterar el orden público. La pena por desórdenes públicos —que actualmente oscila entre seis meses y tres años— también será como mínimo de dos años, la misma que se solicitará por los daños causados en el mobiliario urbano y en establecimientos públicos.

Fernández Díaz recordó que los vándalos a menudo son “reincidentes” y señaló que la violencia urbana hace “mucho daño” a la imagen de España. “Hay una gran alarma social y no podemos continuar por la senda del buenismo”, dijo el ministro, que puso como ejemplos de la lucha contra los disturbios a Francia y el Reino Unido. Esos dos países combinan, a su juicio, su tradición democrática con una respuesta penal adecuada en materia de orden público.

“Hay una gran alarma social”,

Los disturbios del pasado 29-M se saldaron con 79 detenidos. La mayoría de ellos (65) ya están en libertad. El pasado viernes, la juez de guardia dictó prisión provisional sin fianza para tres arrestados por el temor a que puedan reincidir y provocar nuevos incidentes en acontecimientos masivos que se celebrarán en Barcelona en próximas semanas, tales como una cumbre del Banco Central Europeo, las manifestaciones por el día de los trabajadores e incluso la disputa del derbi entre el Barça y el Espanyol. La decisión ha sido muy criticada por los abogados de la defensa, que consideran antidemocrática una actuación preventiva de ese tipo. A otros cuatro se les impuso también medida de prisión eludible bajo fianza de entre 3.000 y 4.000 euros. Solo uno de ellos no abonó la fianza e ingresó en prisión, explicaron fuentes judiciales.

Cinco de los arrestados que aún no habían pasado a disposición judicial lo hicieron finalmente ayer. Tras tomarles declaración, el juez de guardia les dejó en libertad con cargos, aunque con la obligación de comparecer ante el juzgado dos días por semana, los martes y los jueves, según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Igual que en los otros casos, la fiscalía solicitó prisión provisional. El juez, sin embargo, no la acordó porque consideró que no se da ninguno de los supuestos que permiten adoptar esa medida: ni hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de reiteración delictiva. Según la resolución judicial, no puede presumirse que los imputados vayan a cometer nuevos actos vandálicos.

La mayoría de los detenidos están imputados por desórdenes públicos, aunque también por un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad. Los ocho menores de edad detenidos en los disturbios han quedado en libertad; siete de ellos están pendientes de que les cite a declarar la fiscalía de menores.