La izquierda planta cara a la reforma

Andalucía, o mejor dicho la izquierda andaluza, mandó el jueves un nuevo mensaje al Gobierno y al Partido Popular tras frustrar el asalto conservador a la Junta en las elecciones del pasado domingo. La huelga general, pese a su seguimiento desigual —un éxito en el transporte y la industria y muy discreta en el comercio y los servicios públicos— permitió a los sindicatos de clase exhibir músculo organizativo y capacidad de convocatoria. Los piquetes paralizaron varios centros neurálgicos, como el puerto de Algeciras o el Polo Químico de Huelva, y las manifestaciones de mediodía en las capitales, uno de los grandes test de todas las huelgas generales, resultaron multitudinarias. La del jueves, mal que le pese al Gobierno, no fue una jornada normal.

Habitualmente, los sindicatos —y los partidos, y las organizaciones patronales y, sí, los medios de comunicación— plantean las huelgas generales en términos absolutos: todo o nada, blanco o negro, éxito rotundo o fracaso sin paliativos. Así suele suceder en las jornadas previas a los paros, y también en las posteriores. Sin embargo, la realidad se empeña en ser poliédrica, y las cifras de seguimiento lanzadas por unos y por otros tienen la misma eficacia para evaluar la huelga que un violín para medir la temperatura.

Con cifras oficiales que oscilan entre el 85% sindical y el 15% gubernamental, la observación a pie de piquete se vuelve casi método científico. Los sindicatos demostraron tener especialmente bien engrasada la táctica para las primeras horas de la huelga. La jornada de paro arrancó de víspera, con los piquetes paralizando la salida de los camiones de recogida de basura y cerrando el acceso a los mercados centrales de abasto en todas las capitales. A continuación, se desplazaron a los centros de las ciudades, con intención de cerrar los bares y locales de ocio que desafiaban a la huelga. Aquí se produjeron los primeros incidentes, de una jornada que, en general, fue pacífica: en Málaga siete personas fueron detenidas por quemar contenedores y otra por arrojar un bote de humo en una discoteca para forzar su desalojo. En total hubo 34 detenidos.

El Gobierno desplegó 40.000 agentes antidisturbios en toda España, y en muchas ocasiones la presencia policial —con los agentes casi siempre sin identificarse— superaba la sindical. El Ejecutivo no estaba dispuesto a que se impidiera el derecho al trabajo. Sin embargo, en la madrugada dejaron a los piquetes desplegar su estrategia. Pronto quedaron clausurados centros vitales de transporte: las empresas municipales de autobuses, Renfe y los aeropuertos trabajaron solo con servicios mínimos. Del puerto de Algeciras —el mayor de España— solo salieron dos ferrys a Ceuta. Los grandes polígonos industriales y las mayores empresas quedaron paralizadas. Canal Sur dejó de emitir a medianoche.

Andalucía amaneció sin productos frescos en los mercados minoristas y con el transporte público estrangulado. Llegaba el segundo desafío, en el que más pincharon los sindicatos: los centros administrativos y el comercio. La mayoría de los funcionarios que trabajan en Torretriana —sede de varias consejerías de la Junta en Sevilla— y la Ciudad de la Justicia de Málaga acudieron a sus puestos entre los insultos de los piquetes. Solo en la educación primaria y secundaria y en la universidad se dejó notar el paro. En las tiendas y bares más alejados de los centros urbanos y de la acción de los piquetes la actividad rozó la normalidad.

Las huelgas generales duran 24 horas, pero oficiosamente concluyen con las manifestaciones convocadas por los sindicatos en cada capital de provincia. Y fue en estas marchas, multitudinarias y festivas, donde los sindicatos obtuvieron su segundo gran triunfo. Ahí se palpó el influjo del sorprendente resultado electoral del domingo: "Andalucía es roja todavía" y "qué pena, qué pena no va a gobernar Arenas", fueron algunos de los gritos más oídos. Entre los manifestantes había diputados del PSOE y de IU.