La Diputación de Barcelona mantiene en el cargo a su 'número 2', detenido el lunes

La Diputación de Barcelona cierra filas en torno a su coordinador general, detenido el pasado lunes por su presunta relación con el amaño de adjudicaciones para estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV). El presidente de la Diputación, Salvador Esteve (CiU), ha mantenido este miércoles en el cargo a Josep Tous con el apoyo implícito de las demás formaciones presentes en el pleno del organismo (PSC, PP y ERC). Solo ICV ha pedido el "cese temporal" de Tous hasta que se aclare su proceso judicial.

El pleno de la Diputación debía dar hoy cuenta del nombramiento de Tous (aprobado por un decreto de Esteve del pasado 6 de marzo), pero el presidente del ente decidió eliminar este punto del orden del día. Esto, pese a que la Diputación lo ha presentado como un aplazamiento de su nombramiento, mantiene a Tous en su puesto, ya que el nombramiento hecho por Esteve vía decreto sigue en vigor y Tous sigue ostentando el cargo de coordinador y cobrando su sueldo correspondiente.

La Diputación vive uno de sus peores momentos en cuanto a imagen pública. Al caso de Tous se le suma el de su antecesor en el cargo, Josep Maria Matas, destituido hace poco más de un mes por sus negocios irregulares con la Asociación Catalana de Municipios (ACM), a la que facturó 900.000 euros desde su empresa, mientras ostentaba el cargo de secretario general de la ACM. Este caso está en manos de la Fiscalía, al igual que el de los sobresueldos que la Diputación paga a sus funcionarios que ocupaban altos cargos y que habían sido rebajados de categoría, de manera que se les compensaba económica por este descenso.

Estos tres casos se concentraban en el orden del día del pleno de la Diputación, un documento que  ayer este organismo se afanó ayer a esconder y se negó a facilitar aduciendo que todavía “estaba abierto”. Finalmente, hoy se ha visto que en el texto no se ha movido ni un acento. El pleno, sin embargo, ha declinado debatirlos. En 40 minutos que ha durado el pleno, ninguno de los 51 diputados se ha referido a los polémicos casos de Matas y Tous. Solo el presidente, Salvador Esteve, se ha referido al caso que afecta a su actual coordinador para anunciar que el punto para ratificar el nombramiento de Tous se retiraba del debate “por razones obvias”. Ningún partido ha intervenido y así se ha evitado un debate que, según algunas fuentes, los partidos habían acordado que no se produjera en el seno del pleno.

Justo antes del pleno, los portavoces de los partidos en la Diputación han celebrado una junta extraordinaria, a petición de PSC y ERC, en la que han decidido dar cierto margen a Esteve en su decisión de mantener a su coordinador en el cargo “hasta que la juez no haya tomado una decisión" sobre la situación de Tous, según el comunicado hecho público después del encuentro. Los partidos defienden que debe “prevalecer la presunción de inocencia” antes de destituir al alto cargo. No obstante, ICV ha presentado un ruego al pleno pidiendo el cese temporal de Tous hasta que se aclare su situación.

Por otra parte, el pleno de la Diputación ha aprobado la suspensión de los sobresueldos que pagaban desde el año 2000 a altos funcionarios que habían sido cesados y volvían a su plaza, en una categoría inferior. La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat emitió un informe hace unas semanas que permitía a la Diputación anular estos sobresueldos, conocidos popularmente como ‘mochilas’ porque no se aprobaron con el procedimiento adecuado. Y es que los decretos de presidencia que crearon estos complementos salariales nunca fueron ratificados por el pleno, tal y como marca la normativa.

La Diputación ya decidió en julio suspender temporalmente la concesión de nuevos sobresueldos. En ese momento unos 50 trabajadores se beneficiaban de estos complementos, que ahora se les ha suprimido. La Diputación debe decidir ahora si la anulación de estos sobresueldos se hace con efectos retroactivos y reclama a sus empleados la devolución de los importes, algo que el gobierno provincial no descarta, pero que debe sopesar cautelosamente por el conflicto laboral que se puede despertar en el seno del ente. Desde el año 2000, la Diputación se ha gastado un millón de euros aproximadamente en el pago de estas mochilas.