Rentas de hasta 39.000 euros podrán optar a alquiler con aval del Gobierno

Alquiler con seguridad de cobro y de recuperación de la vivienda en perfectas condiciones para el arrendador y con precios un 30% más baratos que en el mercado para el arrendatario. En eso puede resumirse la iniciativa de intermediación a la que el Gobierno dio ayer luz verde con un decreto que tendrá vigencia hasta 2018.

Con él pretende movilizar, entre este año y el próximo, 3.000 viviendas libres, que ahora cerradas, porque sus propietarios no se deciden a alquilarlas. El programa lleva por nombre ASAP, por las siglas en euskera de Alokairu Seguru, Arrazoizko Prezioa, (Alquiler seguro, precio razonable).

El Gobierno implica en la iniciativa al sector, que recibe un poco de aire en momentos de recesión en su actividad, al dar cabida a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) , aunque no solo a ellos, como Agentes Colaboradores, explicó el consejero Iñaki Arriola.

El nuevo programa implica a los API al cederles la gestión de principio a fin

La garantía de cobro y devolución de la vivienda en perfectas condiciones que asume el Gobierno, a través de pólizas de seguros en las que gastará 761.000 euros entre este año y el próximo, se compensará con un precio más asequible del alquiler. Este oscilará entre un máximo de 650 euros para San Sebastián y los 400 de los municipios más baratos. Por 600 se podrá alquilar en Vitoria y Bilbao, por 550 en municipios medianos de Bizkaia y Gipuzkoa y Llodio y por 475 en un listado más amplio de localidades.

Para optar a estos alquileres se amplía el umbral de ingresos, que en Alokabide está limitado a 21.000 euros anuales, hasta 39.000. “Se trata de dar salida a personas con ingresos más elevados, pero no tanto como para poder acudir al mercado libre”, explicó Arriola.

El propietario de una vivienda que quiera acogerse a este programa deberá tenerla libre de protección pública, con licencia de primera ocupación y condiciones de habitabilidad y aseo, además de equipada en cocina y baños y ubicada en municipios donde el departamento sepa que hay demanda suficiente de alquiler. Las pólizas que pagará el Ejecutivo cubrirán 50.000 euros de daños en el continente y 10.000 euros en el contenido, además de 180.000 por responsabilidad civil.

El propietario interesado en entrar en el programa cederá la gestión de la vivienda al agente colaborador al que se obligará a pagar el importe de una mensualidad y una comisión máxima de un 3% de la renta que cobre. Los aspirantes a inquilinos, por su parte, no podrán haber tenido vivienda propia, en derecho de superficie o usufructo en los dos años anteriores y al menos uno de los miembros de la familia deberá estar empadronado en la comunidad autónoma. Se exigirán ingresos de entre 7.000 y 39.000 euros anuales y la renta que se comprometan a abonar no podrá superar el 30% de los ingresos que declaren.

Los agentes colaboradores se harán cargo de toda la gestión: captar las viviendas, enseñarlas, sugerir y supervisar obras, realizar los contratos y el inventario, los depósitos y devolución de fianzas, etc. Estarán sujetos a un orden de prioridad de los inquilinos que establecerá el departamento en un listado- Ese orden se fijará según la correlación de ingresos y coste del alquiler, el municipio de demanda, el ajuste del tamaño del piso al número de persona que la ocuparán y la antigüedad en el registro de solicitantes de vivienda.