Rajoy liquida en cien días el victimismo del PP valenciano

Mariano Rajoy ha liquidado en sus 100 primeros días de gobierno el discurso victimista de sus correligionarios valencianos. La nula presencia de militantes del PPCV en el organigrama del Gobierno español y la pérdida de influencia en la estructura del partido a nivel nacional han estado acompañados de ostentosos desaires por parte del Gobierno popular a las reivindicaciones de la Generalitat en materia de infraestructuras, financiación y agua.

El último de ellos, registrado el pasado miércoles, ha sido el voto contrario de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea a la red de transporte transeuropea, que incluye el corredor mediterráneo pero no el central. La decisión ha provocado un gran malestar en las filas del PP valenciano que se enteraron por la prensa del voto de Pastor y tuvieron que improvisar un rocambolesco argumentario para justificar lo sucedido.

El discurso victimista del PP valenciano, que tan buenos réditos electorales le ha dado en los últimos lustros, se fraguó a principios de la década de los años 90 con los Gobiernos de Felipe González y Joan Lerma.

El primer icono elegido para acusar a los socialistas de marginar a los valencianos fue el retraso en la finalización de la autovía A-3 entre Madrid y Valencia a su paso por las Hoces del Cabriel y la escasa inversión estatal en infraestructuras.

El Gobierno solo ha

Con José María Aznar de presidente del Gobierno se sentaron las bases de nuevas reivindicaciones, como los trasvase, frente a territorios gobernados por los socialistas como Aragón. Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, Francisco Camps llevó al paroxismo el discurso victimista —esta misma semana el expresidente todavía hablaba del invierno nuclear socialista—. La discriminación ya no era solo por la derogación del trasvase del Ebro, sino por la falta de financiación autonómica —pese a que la última reforma la aprobó el PP—, el número de policías y guardias civiles enviados, las inversiones realizadas, el retraso del AVE y docenas de agravios más, reales o no.

Desaire a Fabra

De las principales reivindicaciones que han sostenido el discurso victimista del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy solo parece haber satisfecho la cesión de la competencia sobre los chiringuitos de playa, que está pendiente pero bien encarrilada. Las otras parecen de difícil cumplimiento.

» Corredor Mediterráneo. Este eje ferroviario de mercancías entre Portbou y Algeciras es una demanda histórica de los valencianos. Con Zapatero en el Gobierno, el PP lo ha reclamado hasta la saciedad, después de que en 2003 el gabinete de José María Aznar y la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, del PP, no lo incluyesen en el mapa de redes transeuropeas. Con Rajoy en la Moncloa, su ministra de Fomento, Ana Pastor, dejó claro el miércoles en Bruselas que su prioridad política es el corredor central, que avalan Esperanza Aguirre (Madrid), María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha) y Luisa Fernanda Rudi (Aragón).

» Alta Velocidad. Recién llegado al poder, el PP retrasa el plazo de llegada del AVE a Alicante hasta 2013 y aplaza sine die la línea a Castellón. Solo unos meses antes, los populares valencianos exigían casi a diario al ministro socialista José Blanco el cumplimiento estricto de las obras e incluso su adelanto. Las voces reivindicativas parecen haber cesado de golpe.

» Agua. Una de las primeras decisiones de Zapatero nada más llegar al Gobierno de España en 2004 fue derogar el trasvase del Ebro que aprobó su predecesor José María Aznar. El PP de Camps lo recibió como una declaración de guerra y armó una cruzada contra el Ejecutivo socialista, con grandes manifestaciones, fundaciones públicas y la creación de un eje territorial contra el Ejecutivo. En Génova, la necesidad del trasvase ha perdido fuerza hasta casi desaparecer del programa electoral de los populares. Rajoy no habla de trasvases desde hace tiempo.

» Financiación autonómica. La reforma del Estatut d’Autonomía impulsada por Camps y aprobada por las Cortes Valencianas para obligar al Estado a aumentar la inversión en la Comunidad Valenciana, está en barbecho. La victoria de Rajoy ha paralizado la reforma estatutaria. Pero el elemento más importante, la reforma de la financiación autonómica también parece estancada. El ministro de Hacienda se ha comprometido a crear una comisión de estudio en el Consejo de Politica Económica Fiscal y Financiera, que no parece que vaya a cumplir las expectativas de los populares valencianos. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha retirado de su discurso las apelaciones a la existencia de una deuda histórica superior a los 7.000 millones y se encuentra con la dificultad de que otros territorios gobernados por el PP, como Galicia, reclaman una reforma nuevamente contraria a los intereses valencianos.