Novagalicia incluye en el pacto laboral cambios en caso de absorción

El 81% de la representación sindical firmó ayer el pacto laboral en Novagalicia Banco, que incluye medidas para la reducción de 700 puestos de trabajo que permitirán ahorrar a la empresa 60 millones de euros en gastos de personal.

El pacto incluye la supresión de las aportaciones de la entidad a los planes de pensiones de sus empleados durante los próximos tres años, pero establece una curiosa cláusula: “En el supuesto de sucesión empresarial mediante la que NGB Banco sea absorbido por otra entidad a través de cualquier operación societaria, se dejará sin efecto la supresión de las aportaciones a sistemas de previsión social”. Es una salvaguarda ante la posibilidad de que el proyecto termine en manos ajenas al actual equipo directivo.

José María Castellano, su presidente, es optimista sobre la entrada de inversores que permitan a la excaja de ahorros continuar de forma autónoma. La Cámara de Comercio de A Coruña, cuyo secretario es también secretario del consejo de Novagalicia, emitió ayer un comunicado pidiendo al Gobierno que “busque soluciones” y permita la continuidad de la empresa “como se ha garantizado recientemente en otros casos”. "Deben de garantizar a los nuevos inversores lo que corresponda. Si el Estado por una u otra vía se ha hecho parcialmente responsable de segundas o terceras pérdidas que puedan venir generadas por el devenir de la economía que dirige, tal garantía debe ser extendida a todos, al capital nacional y al exterior”. El Gobierno vería cada vez con mejores ojos la posibilidad de aprobar para la entidad un sistema que asegure a los nuevos socios las pérdidas por morosidad que no están cubiertas por las provisiones actuales. Es, con todo, una operación que sólo se ha autorizado en las subastas de cajas quebradas.

En cuanto al acuerdo laboral, suscrito por Comisiones, Csica y UGT, —excepto la CIG, que se manifestó en contra—, los representantes de los trabajadores subrayan que con él se evitarán la aplicación de la reforma laboral y que “no habrá despidos”. Los que se acojan a las bajas a partir del 1 de abril serán indemnizados con 45 días por año de servicio con el límite de 42 mensualidades y un tope de 200.000 euros. El 75% de la plantilla podrá ver suspendido su contrato seis meses.