La Xunta rebaja una media del 9% el sueldo de directivos de entes públicos
Los directores de Sogama y CRTVG seguirán cobrando más que el presidente Los 12 consejeros de TVG tienen ingresos superiores a los de Feijóo
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ofreció ayer los primeros detalles de la rebaja de sueldo a los directivos de empresas públicas que anunció en el debate sobre el estado de la autonomía. Se trata de establecer el salario del presidente de la Xunta como tope, con una rebaja media del 9% y un ahorro de en torno a un millón de euros al año, según cifras adelantadas por Feijóo y que figuran en un informe que ayer analizó el Consello de la Xunta. El decreto que limita los ingresos de los directivos, que será supervisado por el Consello Consultivo antes de su entrada en vigor, establece dos excepciones de sociedades cuyos máximos directivos cobrarán más que Feijóo. Se trata de los de Sogama y CRTVG, que podrán superar en un 14% la retribución del presidente de la Xunta.
Los 89.983 euros anuales del presidente gallego constituirán el salario fijo del presidente de Sogama y del director general de CRTVG, aunque por tratarse de empresas que facturan más de 100 millones de euros anuales, se les permite completar el salario con compensaciones variables, como dietas o gastos de desplazamientos, hasta un 14% por encima del sueldo. En la actualidad, el presidente de Sogama supera en 10.000 euros anuales el salario de Feijóo y el director general de CRTVG, en 5.535.
A otros 12 directivos de entes públicos autonómicos que en la actualidad cobran más que el presidente de la Xunta se les impondrá esos casi 90.000 euros como límite. El decreto creará cuatro categorías de directivos, que se equipararán con los sueldos del presidente de la Xunta, los conselleiros, directores generales y subdirectores generales. Aunque la media de la rebaja es del 9%, el máximo asciende a 21,7%. En los casos que la reducción del salario supere el 10%, este porcentaje se aplicará en 2012 y el resto el siguiente año.
Los recortes afectarán también a los miembros de los consejos de administración de los entes públicos, que percibirán como máximo los emolumentos de un director general de la Xunta. Uno de los consejos de administración más generosos en sus retribuciones es el de CRTVG, cuyos 12 miembros cobran “por encima de ese límite” del sueldo del presidente, según el propio Feijóo, y que verán reducidos sus ingresos en un 40%.
El Gobierno gallego aprueba los servicios mínimos de la huelga general
El titular de la Xunta enmarcó el decreto en la ley de medidas temporales de empleo público, en el que, además de rebajas para ahorrar hasta 80 millones de euros en los ingresos de los trabajadores de la Administración autonómica, se incluye la suspensión del denominado plus de altos cargos. Feijóo insistió en que a funcionarios y trabajadores laborales de la Xunta se les pidió “un esfuerzo”, pero que su salario se mantuvo “intacto”. El decreto que estudió ayer el Consello de la Xunta, mientras, responde a una motivación “coyuntural” de hacer frente a la crisis económica, pero también “estructural”, puesto que hasta el momento no existía “una regulación objetiva”, afirmó Feijóo.
El presidente del Gobierno gallego advirtió de que los directivos de la denominada Administración paralela “tienen que dar ejemplo en la disminución de capacidad adquisitiva de empleados públicos”, y destacó el avance que supone fijar un tope en las retribuciones para los directivos de los entes públicos empresariales basado en criterios “homogéneos y objetivos”.
La reunión del Gobierno gallego sirvió también para aprobar el decreto de servicios mínimos en la Administración autonómica para la huelga general convocada para el 29 de marzo. Los mínimos fijados serán los mismos que rigieron en el último paro general, en 2010. Así, se establece que no excederán en cada centro, departamento u oficina el número de personas que normalmente permanecen en ellos en domingo o festivo, a excepción de órganos que cierran en esas fechas, en los que se aplicarán los turnos de los sábados.
El decreto, que recoge el criterio establecido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un auto de junio de 2009 y en dos sentencias de octubre y noviembre pasado, incide en sectores como la sanidad, seguridad, protección civil, transportes y comunicación, medios de comunicación social, registros públicos, edificios, bienes e instalaciones públicas, asistencia social y educación, servicios de vigilancia y extinción de incendios.
Otro de los acuerdos del Gobierno gallego adoptado en su reunión de ayer fue el de firmar un acuerdo con el Ministerio del Interior para incrementar en 150 efectivos a lo largo de este año a la unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, de los que 80 se incorporarán antes del verano, para alcanzar así un total de 500 agentes. La llegada de los nuevos policías permitirá reforzar las áreas de lucha contra los incendios y el furtivismo, a las que se destinarán la mitad de los efectivos, y contra la violencia de género y los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo. La consecución del medio millar de agentes de la Policía Autonómica supone el cumplimiento del objetivo inicial del cuerpo, creado hace 20 años, según el informe presentado por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ante el Consello de la Xunta.
El “perdón” a Brenntag
Frente a los 9,6 millones de euros que la Xunta reclamaba a la empresa Brenntag, causante del accidente que en 2006 contaminó el río Umia, el Gobierno gallego se ha conformado con ingresar 5,5 millones mediante un acuerdo extrajudicial, que la aseguradora de la compañía aseguró ayer que ya ha ingresado. El presidente de la Xunta defendió ayer este acuerdo, preferible al “resultado incierto” del juicio que se evitó. La portavoz de Medio Ambiente de PSdeG, Carmen Gallego, mientras, tachó de “escándalo” la renuncia a más de cinco millones de euros, que consideró “perdonados” a la empresa que provocó el desastre ecológico.
En la conferencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo afirmó que “ante la inseguridad y la incertidumbre” de una sentencia y de las “causas” del incendio, se consideró “oportuno” asegurar el cobro inmediato de 5,5 millones de euros. Esa cantidad palia los gastos en los que incurrió la Administración para hacer frente al que se consideró como el mayor vertido contaminante en un río gallego, añadió el presidente de la Xunta.
Carmen Gallego, que formaba parte del Gobierno gallego cuando se produjo el accidente, aseguró que la comunidad autónoma gastó los 9,6 millones de euros que reclamaba, por lo que entiende que pierde dinero en beneficio “de una empresa alemana”. Todos los gastos derivados de la actuación de la Xunta están “justificados y documentados”, aseguró Gallego.
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