Gil descarta abandonar el PSE salvo que sea imputado por la Justicia

El vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil, no prevé dejar voluntariamente el partido si la investigación de la fiscalía de las supuestas irregularidades económicas descubiertas por la Hacienda vizcaína y la denuncia de esta de un posible tráfico de influencias no desemboca en su imputación judicial. Gil cuenta con el apoyo mayoritario de un PSE cuyos máximos responsables ya descartaron la pasada semana pedir su dimisión. En determinados círculos del partido, sin embargo, no se comprende este enrocamiento, ni por qué se ha descartado una retirada temporal de Gil hasta que se pronuncie el Ministerio Público, según informa Isabel C. Martínez.

La cúpula del PSE no ha contemplado un alejamiento siquiera temporal de la política de Gil, cuyo expediente fiscal fue filtrado la pasada semana a distintos periódicos —entre los que no figura EL PAÍS—. Los socialistas achacan las revelaciones a la Diputación de Bizkaia y percibe tras ellas una “persecución política” del PNV. Fuentes socialistas inciden en que la retirada de Gil conllevaría una especie de asunción parcial de las acusaciones vertidas en su contra. “Y si al final resultara imputado, cosa que no ha ocurrido y probablemente no ocurrirá, ¿qué tendría que hacer entonces?”, se cuestionan estas fuentes.

En el seno del PSE se confía en una rápida resolución del caso e incluso en un posible vuelco de la situación, al haber admitido a trámite un juzgado de Bilbao la demanda penal que el propio Gil interpuso el pasado viernes por la filtración de sus datos tributarios. El también cuñado del lehendakari completó el lunes su intento de depurar responsabilidades al denunciar a la Agencia Vasca de Protección de Datos la revelación de su expediente, según desveló ayer el propio portavoz del PSE, José Antonio Pastor.

Durante una entrevista en Onda Cero, Pastor advirtió de que una teórica confirmación de que la filtración procedió de la Hacienda vizcaína podría conllevar una “multa multimillonaria” para la Diputación, por “incumplir su deber de custodia” de los datos. En este sentido, confió también en que la investigación abierta la pasada semana por la propia institución foral “se haga cuanto antes” y llegue “hasta sus últimas consecuencias”. “Aquí la duda no es si ha existido filtración, ya que parece evidente, sino quién dio la orden de que se produjera esa revelación de datos”, consideró el portavoz socialista, convencido de que no fue “ningún funcionario” foral.