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Vilanova y A Illa aún están pagando los gastos de su segregación en 1997

Los dos municipios deben la mitad del crédito de tres millones que pidieron hace 15 años

Vista del puente que une Vilanova de Arousa con A Illa.
Vista del puente que une Vilanova de Arousa con A Illa.CARLOS PUGA

Ahora que el actual mapa municipal de Galicia podría reducirse a base de fusiones para amortiguar la crisis, dos municipios pontevedreses, Vilanova y A Illa de Arousa, aún están pagando un alto precio por dividir sus fronteras y habitantes en 1997, la última segregación que aprobó la Xunta. Quince años después, estos ayuntamientos son posibles candidatos a reunificarse para sumar apenas 15.700 habitantes, aunque no han terminado siquiera de romper el cordón umbilical que les une a través del papeleo burocrático y un archivo histórico que nunca dividieron.

 Vilanova y A Illa de Arousa arrastran una deuda de tres millones de euros desde que en 2002 pidieron un préstamo para hacer frente a las abultadas deudas que tenía el primero y repartirlas proporcionalmente a la población cuando decidieron segregarse. Cuando A Illa se separó de Vilanova hicieron cuentas. Lo que no se esperaban es que una auditoría arrojara unas deudas de 1.000 millones de pesetas de la época, la mayoría contraídas con proveedores.

La única salida era pedir un crédito de tres millones de euros que concedió la Xunta a 20 años y que los dos Ayuntamientos firmaron con la entonces Consellería de Xustiza. Vilanova asumió el 70% de la enorme factura y el porcentaje restante fue para A Illa, que contaba con 4.828 habitantes frente a los 10.380 de su pueblo vecino. “Si lo comparamos con las cifras actuales aquello sí que era estar en quiebra y lo que tenemos ahora resulta casi ridículo”, señaló el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que ya gobernaba el ayuntamiento a la firma del préstamo. “Eran unas deudas enormes, una barbaridad para la época y la auditoría dijo lo que había, sobre todo facturas sin pagar que tuvimos que zanjarlas nosotros”, añade. Con la crisis encima, ambos municipios tendrán que seguir pagando la mitad que queda del crédito hasta 2022.

El alcalde popular de Vilanova descarta una fusión porque “nadie la apoyaría”

Apenas cinco años después de iniciarse el proceso de segregación que no sería aprobado por la Xunta hasta junio de 2004, la población isleña había crecido mientras Vilanova perdía habitantes, en línea con los municipios de Meis y Meaño, los más pequeños de la comarca. En 2002 la población de A Illa era de 4.953 habitantes frente a los 10.229 de Vilanova. El primero había experimentado un crecimiento positivo del 2,59% siendo el de Vilanova de un menos 1,33%. Hoy el censo en el archipiélago ya es de 5.020 y de 10.614 el de su vecino.

Como presidente de la Mancomunidad de Municipios de O Salnés, Gonzalo Durán ha descartado tajantemente una posible vuelta al pasado entre Vilanova y A Illa y afirma que en esta comarca “no es necesaria ninguna fusión”. Durán alega criterios de población, económicos y sociales. “Nadie lo apoyaría”, afirma. El alcalde añade que “hay un sector social e históricamente irreconciliable entre ambas poblaciones que viene de muy lejos en el tiempo y que fue el motor de la segregación, por eso es absolutamente inviable”.

La apuesta de Durán desde que el pasado año asumiera la presidencia del ente comarcal es mancomunar los servicios de agua y alcantarillado y de hecho algunos municipios han comenzado a hacerlo. Un reciente estudio concluye que los precios del agua son insostenibles y los nueve municipios que integran la mancomunidad (todos gobernados por el PP excepto A Illa, con alcalde socialista), se han puesto de acuerdo para gravar este servicio junto al del alcantarillado y basuras, además del impuesto de bienes inmuebles. Durán propone mayor peso de los entes comarcales para prestar asesoramiento a los ayuntamientos donde los excesos de las plantillas están creando graves problemas de liquidez y evitar que la situación derive en expedientes de regulación de empleo.

Los casos más paradigmáticos son el Vilagarcía y Sanxenxo, con una plantilla de funcionarios sobredimensionada para el número de habitantes. “Hay que planificar el futuro con medidas a medio y largo plazo y creo que el ERE es una medida agresiva que se puede evitar”, apunta Durán.

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