El Igape culpa a los gestores de Factoría Naval de obviar el plan de viabilidad

En apenas dos años el astillero Factoría Naval de Marín ha pasado de tener 850 empleados a 32 y un futuro muy incierto. En cuanto termine marzo la empresa estará legalmente obligada a presentar concurso de acreedores si no encuentra solución a sus problemas patrimoniales. La confianza de la depauperada plantilla en el principal accionista, José María Suescun, dueño de Corporación Dermoestética, es mínima.

Con este trasfondo encaró el diputado del BNG Bieito Lobeira al director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Javier Aguilera, al que interpelaba sobre qué medidas está tomando la Xunta para encarrilar la situación. Su argumento principal fue echar en cara al instituto de crédito, dependiente de la Consellería de Industria, el escaso impacto de los 23 millones de euros que la Xunta destinó a través de avales del propio Igape y préstamos participativos de Xesgalicia, la sociedad de gestión de capital riesgo del Gobierno. “No nos parece normal que el importantísimo volumen de recursos públicos no se destinase a forzar una reorientación en la empresa”, acusó Lobeira, que recordó que el astillero empezó a tener problemas cuando dejó de centrarse en la reparación de buques para asumir trabajos de construcción.

Aguilera admitió que la situación es difícil, y culpó a la propia empresa de que el astillero no cumpliese los compromisos del plan de viabilidad que acompañaba a la concesión de los avales, y que pasaba por el mantenimiento de los puestos de trabajo. “La compañía no ha sabido, no ha podido desarrollarlo”, culpó, pero aseguró que la declaración del concurso no supondrá según la Xunta una condena a la liquidación, y no descartó que la empresa siga en el negocio de la construcción de buqes. Sí reconoció que las cuentas del astillero siguen lejos de ser buenas. “Hay un déficit patrimonial muy importante y una tesorería absolutamente insuficiente”, dijo, y puso sus esperanzas en un nuevo plan de viabilidad.

Lobeira asumió la idea de los trabajadores, que insisten en que la solución pasa por dedicarse exclusivamente a la reparación y plantean asumir ellos mismos la gestión del astillero. “El conselleiro [de Industria, Javier Guerra] se reúne con ellos y les dice que es perfectamente plausible pero luego les dicen que no”, acusó. Aguilera le llevó la contraria, dando pie a un debate sobre el alcance máximo de la intervención pública en una empresa: “La idea nos gusta”, dijo de entrada, pero después matizó: “A día de hoy y mientras no se nacionalice, y no es la vía, es una empresa privada que tiene capacidad para hacer lo que ella entienda”. “¿Se ponen 23 millones a cambio de nada?”, replicó Lobeira.

La Xunta rechaza que los empleados asuman la dirección de la empresa

El director del Igape señaló que los últimos pagos a proveedores —que también atraviesan una situación muy delicada y aún la semana pasada aceptaron una nueva quita de la deuda— fueron posible gracias a la aportación pública, y recuperó el latiguillo que repite el conselleiro cuando se refiere a esta cuestión: “Somos parte de la solución, no del problema. Antes había recalcado la implicación de Novagalicia Banco, que es acreedora del astillero y además tiene algo menos del 10% de las acciones. “Tienen que dar pasos”, pidio. Lobeira también criticó el ERE recién convalidado por la Consellería de Traballo, que dejó en la calle a 35 personas. “Ha sido un recital de incompetencia de la Consellería”, atacó, y culpó al departamento que dirige Beatriz Mato de no “ponerle las pilas a la empresa”.