Bizkaia se ha gastado 700.000 euros en los juicios por el ‘ferry’
Dos instancias han rechazado ya sus demandas por los bonos perdidos
La Diputación de Bizkaia se ha gastado, hasta el momento, algo más de 700.000 euros en los dos recursos que ha presentado ante los tribunales para que la naviera P&O le reintegre 9,7 millones de euros por casi 36.000 bonos de viaje que había contratado y no pudo usar, dado que el servicio de ferry a Portsmouth (Inglaterra) fue suspendido por la compañía. Así lo desveló ayer la portavoz del PP en Juntas Generales, Esther Martínez, quien calificó la actuación foral como “la historia de un despropósito y de un diputado general [José Luis Bilbao] frívolo”.
Un juzgado de lo Mercantil de Bilbao rechazó hace un año la primera demanda de la Diputación, una decisión ratificada hace unos días por la Audiencia Provincial. Los dos tribunales consideran que P&O no incumplió su contrato con Bizkaia. Estiman probado que en 1995 la institución foral compró por 5,7 millones de euros a la naviera 46.500 bonos de viaje. Este acuerdo fue considerado ayuda de Estado por la UE en 2000 y un juzgado bilbaíno lo declaró nulo en 2007, lo que obligaba a la Diputación a restituir el dinero de los billetes o bien a devolver los no utilizados.
“Esta es la enésima pifia del diputado general”, critica el PP vizcaíno
En octubre de ese año, la institución provincial pagó a P&O 12,9 millones, entre ellos los 9,7 de 35.707 bonos que habían desaparecido físicamente de las dependencias forales —este hecho motivó la creación de la primera comisión de investigación en las Juntas—. La compañía cerró en noviembre de 2010 y se negó a reintegrar los billetes que ya no se podían usar, lo que provocó que la Diputación recurriera ante la Justicia.
Los recursos presentados ante las dos instancias, sin embargo, no han dado la razón a Bizkaia y han costado a sus arcas 703.624 euros, una cifra que podría seguir aumentando, ya que los responsables forales meditan apelar ante el Supremo. Martínez indicó que los 703.624 euros gastados se desgranan de la siguiente forma: 357.599 euros en honorarios a los abogados contratados; otros 331.865 euros en las costas de los juicios, ya que las demandas fueron íntegramente desestimadas; y 14.160 euros en un informe encargado sobre las posibles actuaciones ante el cierre de la naviera. “Esta es la suma total de la enésima pifia del diputado general”, criticó Martínez. “¿Y para qué? Pues para enmascarar su responsabilidad”, agregó la portavoz.
