Orihuela amenaza con desalojar los juzgados si no cobra del Consell

Han pasado ya casi 10 años desde que el Ayuntamiento de Orihuela firmara un convenio con la Generalitat por el que el Consistorio se comprometía a costear la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en la ciudad a cambio de la antigua sede, un edificio en la calle Santa Justa, y de recibir una compensación económica por la diferencia de valor entre ambos inmuebles, dos millones de euros.

Orihuela cumplió su parte, puso el suelo, invirtió cinco millones de euros y cedió a la consejería de Justicia en junio de 2005 un edificio de 5.000 metros cuadrados, donde se instalaron los juzgados. Pero no ha recibido nada a cambio. Ni la antigua sede judicial, de 2.300 metros construidos, ni el dinero para compensar la diferencia de valor de ambos inmuebles.

La  concejal de Planificación y portavoz del Gobierno de Orihuela, Antonia Moreno, del PSPV, ha afirmado públicamente que si la Generalitat no rubrica en los tres próximos meses un nuevo convenio en los mismos términos que el original, el Ayuntamiento, que es el titular del edificio, procederá al desalojo del Palacio de Justicia.

El convenio entre ambas administraciones se firmó hace  casi una década

Moreno asegura que “así no son las cosas; no vale cédame usted lo que yo ocupo desde hace ocho años y luego ya veremos”. Y ha relatado las infructuosas gestiones llevadas a cabo en los últimos meses. La portavoz asegura que se ha entrevistado con el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi; con el Consejero del ramo, Jorge Cabré, que ha entregado toda la documentación que le han requerido y que incluso una arquitecto estuvo peritando el valor de ambos inmuebles, lo que dio como resultado un saldo favorable al Ayuntamiento de dos millones de euros. Pero el pasado 14 de febrero recibió una comunicación del Gobierno valenciano instando al Ayuntamiento a la cesión previa del edificio que acoge el Palacio de Justicia antes de iniciar cualquier proceso de permuta.

“El Ayuntamiento está dispuesto a negociar sin condiciones previas el dinero que nos tiene que pagar la Generalitat, negociar que no renunciar, pero nosotros no vamos a ceder nada y luego ya veremos”, ha dicho la portavoz. “Si no se avanza en el acuerdo en los próximos 90 días, iniciaremos el proceso para desalojar el juzgado”.

En Orihuela hay cinco juzgados de primera instancia, tres de instrucción, dos de penal y uno de violencia sobre la mujer. El de instrucción número tres es donde se originó el caso Brugal y donde se investiga la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja, pieza en la que están imputados el expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz.