Nueva modalidad de robo: las baterías de los repetidores de telefonía móvil

Una nueva modalidad delictiva se ha instaurado en los últimos meses en la región. La Guardia Civil ha detenido a ocho personas de nacionalidad española acusados de robar las baterías acumuladoras de electricidad de los repetidores de telefonía móvil. Estos aparatos, cuyo peso oscila entre los 50 y los 80 kilos, sirven para garantizar las comunicaciones en caso de que haya cortes de fluido eléctrico. Los investigadores han recuperado al menos 200 de estos aparatos, tres toneladas de cobre y 30 de raíles ferroviarios.

Las investigaciones comenzaron a mediados del año pasado a raíz de que diversas zonas de la región se quedaban sin cobertura después de que un grupo especializado robara las baterías de las BTS (Base Base Transceiver Station, los repetidores de telefonía móvil). Estos repetidores suelen instalarse en zonas elevadas para aumentar así la cobertura de la telefonía y garantizar las comunicaciones.

Pese a que están conectadas al fluido eléctrico, cuentan con estas enormes baterías como refuerzo. Los agentes comprobaron la gran pericia de estos ladrones que, en cuestión de segundos, rompían la valla perimetral de estas bases y se hacían con las baterías.

La comprobación de las distintas chatarrerías que hay en la Comunidad de Madrid permitió comprobar que en algunas de ellas almacenaban estas baterías, sin que pudieran documentar su procedencia legal. Las pesquisas llevaron hasta un grupo que se movía por el barrio de Hortaleza de la capital, en una de cuyas naves almacenaban todo el material sustraído antes de ser vendido de manera ilegal.

La Guardia Civil ha efectuado cuatro registros en Hortaleza en el que sea recuperado una furgoneta, las herramientas utilizadas para el robo, la ropa que se ponían los detenidos en las sustracciones, aparatos de comunicación, machetes, así como las 200 baterías, las tres toneladas de cobre y las 30 toneladas de raíles ferroviarios. A los detenidos, que dejaban amplias zonas incomunicadas, sobre todo a pueblos en los que el móvil es su única forma de comunicación, pueden ser acusados de un delito de estragos, penado con hasta seis años de cárcel.