Porro cambia su testimonio para defenderse de la falsedad documental

Ni acta ni junta universal de patronos. Corina Porro, presidenta del Consello Económico e Social y expresidenta de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), desactivó ayer, en su declaración como imputada en supuesta falsedad documental, el fundamento esencial que motivó la desestimación de la demanda por despido de Pablo Alborés, primer director-gerente de la FPV, en un juzgado de lo social de Vigo cuya sentencia confirmó “en su integridad” el Tribunal Superior de Galicia el pasado 20 de febrero.

María Teresa Ferreño Seoane, magistrada sustituta del juzgado de lo social de Vigo que sentenció la demanda por despido en septiembre, dio por hecho que Alborés, que había asumido el cargo de director-gerente de la FPV el 16 de abril de 2010, presentó su dimisión el día 28 siguiente y que le fue aceptada dos días después por la junta universal del patronato, que “tuvo lugar y efectivamente se celebró”, asegura la sentencia. Porro, que se acogió al derecho a no responder a las preguntas del abogado acusador, respondió ayer a la juez instructora que “materialmente” no se celebró esa reunión del patronato, pero que la misma “existió a efectos formales”, ya que los demás patronos delegaron “telefónicamente” en ella su representación.

Esta declaración resulta aún más chocante por cuanto el mismo día 10 la Autoridad Portuaria, que ella misma presidía, celebró un consejo de administración que aprobó la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios y al que debió de asistir la totalidad de los patronos de la FPV. Por lo demás, nada certifica esa delegación de competencias de los patronos, ya que no se recoge en ningún acta porque, según adujo Porro ayer, la FPV en esa fecha no había recibido aún de la Consellería de Presidencia, que ejerce su protectorado, el preceptivo libro de actas.

De manera que el único documento probatorio de la reunión del patronato es el “certificado del acta” que firmó Mario Ubiaga “por mandato de la presidenta”, según testificó el propio Ubiaga, que relevó a Alborés como director-gerente de la FPV, en el juicio laboral. Este certificado, elevado a escritura pública por el notario José María Rueda, asegura que el patronato se reunió con carácter universal “por hallarse presentes o representados la totalidad de los patronos de la fundación” y que, “tras las oportunas deliberaciones y sin que ningún patrono quiera dejar constancia por escrito de su intervención”, se acuerda aceptar la dimisión de Alborés.

Carga toda la responsabilidad de la tramitación sobre el gerente

A mayores, dice el certificado, “se acuerda por unanimidad facultar a la presidenta, Corina Porro, en los más amplios términos para que con su sola firma otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación o rectificación, fueren precisos para la formalización y buen bien \[sic\] de los acuerdos adoptados”. “En el acta original”, afirma el notario, “figuran las firmas del secretario de la reunión \[Ubiaga\] con el visto bueno de la presidenta”.

Porro se escudó ayer en su ignorancia del Derecho para descargar la responsabilidad de toda la tramitación que afecta al caso en Ubiaga, que también es totalmente lego en la materia y cuyas indicaciones siguió, paso por paso, pese a contar en la Autoridad Portuaria con los servicios de la Abogacía del Estado.