La Generalitat defiende la legalidad de los negocios de Solà en la ACM

El caso de la Asociación Catalana de Municipios, que implica a los dirigentes de Convergència Democràtica (CDC) Josep Maria Matas y Xavier Solà se le está atragantando al Gobierno de CiU. Los nacionalistas optaron por dejar caer a Matas y destituirle como coordinador de la Diputación de Barcelona tras conocer los negocios privados que este hizo en la ACM cuando era secretario general de la entidad. Pero una cosa es Matas, dirigente de CDC en Osona, y otra muy diferente Xavier Solà, que ocupa el cargo de secretario general del Departamento de Cultura, considerado estratégico por los nacionalistas.

De ahí que el Gobierno se lanzara ayer a defender la gestión de Solà hasta el punto de negar que pueda haber cometido ninguna irregularidad pese a haber facturado  193.000 euros a la entidad municipalista a través de una empresa de su propiedad. Solà era responsable de los servicios jurídicos de la entidad mientras utilizó una empresa de su propiedad para cobrar este dinero por labores que no tenían nada que ver con su cargo. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, insistió en situar la actividad de Solà en el terreno de la legalidad y se negó a responder en conferencia de prensa si la actuación del actual número dos de Cultura fue ejemplar. “El juicio se tiene que situar desde el punto de vista de si se observa o no la legalidad y creemos que en este caso se ha observado la legalidad; no tenemos nada más que decir”, dijo.

“En el marco de la ley”

Homs aseguró que el Gobierno ha mantenido siempre el mismo discurso sobre estos hechos y ha insistido en que todo está “en el marco de la ley”. Con todo, la dirección de Convergència Democràtica apoyó claramente la decisión de Salvador Esteve, presidente de la Diputación, de destituir del cargo de coordinador general a Josep Maria Matas, también implicado en el caso de la ACM.

El Ayuntamiento de Vic (Osona) sí ha abierto una investigación para determinar si Solà, que además de su cargo en la ACM era concejal de Urbanismo de esa población, hizo bien en simultanear sus cargos públicos con la actividad privada. En concreto, el Ayuntamiento de Vic tiene dudas de que Solà pudiera impulsar desde el Ayuntamiento una promoción de vivienda pública de la que también se lucró una empresa suya.