La juez de los ERE imputa al hermano del expresidente Rodríguez de la Borbolla
Alaya cita como imputados al hijo de un ex alcalde y su socio por 29 millones en ayudas Guerrero tiene que declarar mañana
La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, ha imputado, como solicitó la Junta de Andalucía, a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, por un "entramado" de empresas que obtuvo "con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" un total de 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
La magistrada imputa también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, por ayudas que suman 29.074.760 euros y que fueron recibidas por otro "entramado de empresas" ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla. La juez añade que estas subvenciones fueron posibles gracias a "sus contactos personales con la Junta".
La propia Junta de Andalucía pidió a la juez en octubre y en enero que imputase a Ángel Rodríguez de la Borbolla. El Gobierno andaluz fija el entramado en 18 empresas que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros.
Rodríguez de la Borbolla fue administrador de Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) durante más de una década hasta 2010, así como administrador de Corchos Higuera, y apoderado de Corchos de Cazalla. Las tres sociedades, que operan en la Sierra Norte de Sevilla, recibieron del fondo de ayudas 6,6 millones de euros entre julio de 2001 y febrero de 2007, divididos en ocho pagos distintos.
La Junta también solicitó la imputación de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y Sayago Lozano, y los empresarios o miembros en consejos de administración de empresas Rafael Avila Mayo, Alfonso Seoane Yarza, Eduardo Lora Ruiz y José Enrique Contreras Sáenz de Tejada.
Por otra parte, la juez tomará declaración mañana al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos. Alaya ha previsto dos días y ha pedido una sala de vistas con objeto de dar cabida al medio centenar de abogados personados.
Fuentes de su defensa han informado a Efe de que Guerrero tiene previsto declarar a las preguntas de la juez, del fiscal y de su propia defensa pero no al medio centenar de abogados personados en nombre de las acusaciones y de los demás imputados. Guerrero ha comparecido hasta ahora en dos ocasiones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien declaró que el consejero y el viceconsejero de Empleo estaban informados de cómo se concedían las ayudas y de que en la consejería se destruyeron papeles cuando estalló el caso de los ERE fraudulentos.
Además, aseguró que José Antonio Viera, ahora diputado en el Congreso por el PSOE y entonces consejero de Empleo, era quien "dirigía realmente la política de concesión de ayudas" y que mantenía una relación de "simpatía" con los dirigentes de las empresas de la Sierra Norte de Sevilla investigadas.
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