Los empresarios exigen el corredor ante la “ambigüedad” del Gobierno
AVE pide al Consell más implicación frente al movimiento de otras autonomías
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) alzó este lunes de nuevo la bandera del Corredor Ferroviario del Mediterráneo después de haber constatado la “ambigüedad” que emite el Gobierno, y después de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, haya recuperado como infraestructura prioritaria el corredor central de acceso a Europa a través de un túnel en los Pirineos desde Huesca.
AVE, el lobby que reúne a un centenar de los empresarios valencianos más influyentes, presentó un estudio sobre la importancia crítica de la infraestructura para la Comunidad Valenciana, y consideró que la Generalitat debe emplear un tono reivindicativo “mucho más fuerte”, a la vista de que los gobernantes de otras autonomías, las que se beneficiarían del corredor central, ya lo están utilizando. A la petición se unió, en un acto diferente, el presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González.
El corredor mediterráneo fue incluido en octubre como obra prioritaria por la Unión Europea. “Ahora toca presionar al Gobierno de España” para que las inversiones se realicen en los plazos previstos, afirmó el presidente de AVE, el naviero Vicente Boluda. “Lo tenemos que tener en el umbral de 2015. A partir de ahí perderemos mucha competitividad”, agregó el empresario Federico Félix, quien pronosticó “deslocalizaciones de empresas importantes” y pérdidas en la agricultura que alcanzarían la mitad de las exportaciones de cítricos.
El 'lobby' empresarial observa con inquietud los movimientos a favor del Corredor Central
El empresario expresó su preocupación —sin citar sus nombres— por la reciente reunión de la ministra Pastor con los presidentes de las autonomías por las que transcurriría el corredor central: María Dolores de Cospedal, de Castilla-La Mancha; Esperanza Aguirre, de Madrid; José Antonio Monago, de Extremadura, y Luisa Fernanda Rudi, de Aragón.
Félix comparó esa labor de presión con (también sin citarlo) la aparente inactividad del Ejecutivo valenciano al respecto, y explicó que ya ha pedido una reunión con la ministra Pastor.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, pronosticó que la no realización del corredor mediterráneo en los tiempos previstos pondría “en riesgo” el posicionamiento de Valencia como plataforma logística. Su puesta en funcionamiento en el horizonte de 2015, siguió, sería crucial en un contexto económico en el que los grandes operadores logísticos apuestan por invertir en los puertos con mayor concentración.
El estudio que presentó el catedrático de la Universitat de València César Camisón también puso el acento en los tiempos. La entrada en funcionamiento en el año 2015 o en el 2020 se traduciría, afirmó, en una diferencia de casi 20 puntos para las exportaciones.
Camisón puso el acento en la importancia de priorizar las inversiones en un escenario de fuertes restricciones presupuestarias como el que imperará en España los próximos años. El catedrático recordó que la UE no consideró primordial a medio plazo el corredor central por el túnel pirenaico —cuyos 40 kilómetros costarían, según sus promotores, 6.000 millones de euros—, calificó de “megalómano” dicho proyecto, y abogó por repensar los 55.000 millones que el Ejecutivo prevé invertir hasta 2024 en líneas de alta velocidad de rentabilidad dudosa.
“Sería un castigo brutal en competitividad”
La clave no es si el corredor mediterráneo se hará, algo que parece asegurado después del compromiso de la Unión Europea, sino cuándo, porque su impacto sería muy diferente, resumió este lunes César Camisón, catedrático de la Universitat de València y autor del informe sobre los efectos de la infraestructura sobre la competitividad de la comunidad autónoma presentado en la sede de la Asociación Valenciana de Empresarios.
El trabajo, realizado en colaboración con profesores de cuatro universidades españolas, indica que la entrada en funcionamiento en 2015 implicaría un aumento de las exportaciones del 23%; un incremento adicional del PIB anual de casi el 0,9%, y una creación de 17.900 puestos de trabajo al año.
El retraso a 2020 implicaría que las exportaciones solo aumentarían un 3,8%; el crecimiento adicional del PIB sería del 0,1% anual, y el impacto en términos de empleo sería negativo en 1.047 puestos de trabajo al año. En ambos casos se trata de proyecciones equilibradas, “ni optimistas ni pesimistas”, dijo Camisón.
Una entrada en funcionamiento más tardía —o la proyección pesimista para 2020— ofrecen escenarios muy negativos. Un descenso de las exportaciones del 30%; una caída del PIB del 0,25% y una pérdida de 22.450 empleos al año. “Sería un castigo brutal a nuestra competitividad”, afirmó Camisón, que consideró la infraestructura como una oportunidad única para recuperar parte de la competitividad que la economía valenciana (y también la española) ha perdido en los últimos lustros, incluso antes de que empezara la crisis.
Según su estudio, las fechas tendrían un efecto similar en términos turísticos. La entrada en funcionamiento del corredor en 2015 se traduciría en un aumento del 16,3% de la demanda turística nacional y de un 10,6% en la internacional. Su retraso más allá de 2020 conllevaría, en cambio, una caída del 16,9% y del 12,6% en las demandas turísticas española y extranjera respectivamente.
La entrada en funcionamiento del corredor tendría, finalmente, importantes consecuencias en el tráfico interoceánico. Hoy, los puertos del norte de Europa absorben el 72% de ese flujo, mientras los sureños (incluido el de Valencia) suman el 28%. La nueva infraestructura podría reequilibrar dicho tráfico en un reparto del 60% para el norte de Europa y un 40% para el sur.
El plazo hasta 2015 es corto, pero lo importante es el dinero, afirmó Camisón. Y lo que se conoce al respecto no invita al optimismo. El coste estimado del corredor es de 19.400 millones y Fomento prevé destinar 7.300 millones hasta 2024. Una inversión insuficiente, consideró el profesor, teniendo en cuenta que solo llevar el corredor desde Tarragona hasta el sur de Alicante costará 5.400 millones.
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