Beneficiarios

Muchos se extrañan de que aún hoy el PP mantenga la distancia que le separa del PSOE en intención de voto. No debieran hacerlo. En situaciones desesperadas como esta, los españoles suelen refugiarse en la derecha porque saben que está lo suficientemente cerca del mundo del dinero y de los mercados financieros como para entenderse razonablemente con ellos. Naturalmente, saben que han sido éstos los principales culpables del embrollo y que hubieran necesitado un castigo ejemplar, pero puesto que la política ha sido incapaz de plantarles cara con la valentía que la situación demandaba, no les ha quedado otra salida que ponerse en manos de un negociador que resulte fiable para ambas partes.

Podría haber sido de otro modo si el PSOE, y la socialdemocracia europea en su conjunto, hubiera sido capaz de diseñar una estrategia económica alternativa y, sobre todo, creíble, frente a los desmanes provocados por la ingeniería financiera creativa y la desregulación sin límite. Pero no lo hizo y ahora ya es demasiado tarde para arreglarlo.

Lógico es, pues, que en tales circunstancias las críticas socialistas a las medidas del PP sean percibidas ahora como esencialmente ideológicas, huérfanas del argumentario técnico exigible al manejo de conceptos tan enjundiosos como capitalización bancaria, activos tóxicos, consolidación fiscal, prima de riesgo y otros similares utilizados con soltura sin par por Montoro y De Guindos.

Y sin embargo, aún así, es probable que mucha gente hubiera estado dispuesta a confiar en los socialistas si la misión fundamental que a estos siempre le encomendaron (prestigiar la esfera de lo público) la hubieran cumplido adecuadamente. A la postre, la socialdemocracia no fue, en su día, sino la forma de gobierno más civilizada y sensata que pudo encontrarse para garantizar el necesario equilibrio entre el mundo de la economía privada y la salvaguarda de la cohesión social y los intereses generales de la población.

El problema es que la legitimación de una alternativa como esta solo puede alcanzarse si existe un entramado democrático sólido, unas instituciones libres de toda sospecha, y un sector público eficiente (y no solo compasivo). Requisitos todos ellos que, en nuestro caso, ni están ni se le esperan.

Aquí todo quedó a medio camino. Se creó la Fiscalía Anticorrupción, pero no se blindó esta ante los sucesivos cambios de gobierno. Se pactó con la oposición la dirección de RTVE, pero no se promulgó una ley para impedir la manipulación de las televisiones públicas. Se aceptaron las elecciones primarias, pero no se cambió la Ley Electoral ni la de partidos para obligar a éstos a adoptar comportamientos democráticos reales. Se garantizó la sanidad pública, pero nadie se preocupó por la eficiencia en su gestión… Y así, sucesivamente.

La conclusión es que ahora no solo tenemos una crisis de caballo, sino también una democracia anoréxica, un sector público ineficiente y una política desprestigiada. ¿Hace falta preguntar quienes son los naturales beneficiarios de todo ello?