Euskadi examina su mapa municipal

Zaragoza es 24 veces más grande que Bilbao. Parece una sencilla hipérbole, pero se corresponde con la realidad, al menos, en lo que a superficie municipal se refiere. Los apenas 40 kilómetros cuadrados de terreno que limitan el desarrollo de la capital vizcaína distan mucho de los casi 1.000 de que disfruta la aragonesa. La villa no es la excepción de un mapa vasco fragmentado en exceso, que invita a una reflexión sobre la posible fusión de Ayuntamientos para optimizar recursos y evitar la duplicidad de servicios entre instituciones. Un debate que pretende elevar a público UPyD, a través de una proposición no de ley que ha presentado en el Parlamento, y al que no se renuncia desde la propia Asociación de Municipios Vascos, Eudel.

Europa aboga por menos consistorios; en Dinamarca se han suprimido el 90%

El caso de Bilbao ni siquiera destaca en el conjunto de Euskadi. Los más de 47.000 vecinos de Portugalete, por ejemplo, se reparten en apenas tres kilómetros cuadrados, que son uno más que los que tiene Ikaztegieta, una de las 28 localidades de escasas dimensiones que integran la comarca guipuzcoana de Tolosaldea. Lanestosa, en Bizkaia, es incluso más pequeña y limita con el municipio cántabro de Soba, 200 veces más grande. Son solo ejemplos de un heterogéneo mapa vasco que integran 251 consistorios, de los que casi tres cuartas partes no alcanzan ni los 5.000 habitantes. “Muchos Ayuntamientos arrastran una existencia casi fantasmal y son incapaces de afrontar una mínima política de servicios públicos”, argumenta el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, impulsor de la proposición.

La organización municipal española se remonta dos siglos en el tiempo y apenas ha variado con el paso de las décadas. Un escenario opuesto al de otros países europeos, que en los últimos años han abogado por la fusión de Ayuntamientos para reducir su estructura administrativa. En Alemania han pasado de 20.000 a 8.000 y en Dinamarca se han suprimido incluso el 90%. En Euskadi, la trayectoria es inversa. En Bizkaia, por ejemplo, las últimas anexiones municipales se remontan a la dictadura, impulsadas en ocasiones por el propio régimen, mientras que en democracia se han producido 17 escisiones. Entre ellas, las de Erandio, Derio, Lezama, Loiu, Sondika o Zamudio, que en 1983 dejaron de pertenecer a Bilbao. La última tuvo lugar en 2005, cuando Ziortza-Bolibar se disgregó de Markina-Xemein.

Vitoria reúne más de medio centenar de concejos en su término municipal

Las consecuencias no son solo una proliferación administrativa y el gasto que conlleva en sueldos de políticos y funcionarios, entre otros, sino la propia multiplicación añadida de planes urbanísticos que contribuyen a la desorganización del territorio y su paisaje. Cada Ayuntamiento impulsa sus propias áreas residenciales, de equipamientos o industriales sin tener en cuenta las del vecino, salvo en clave de competencia. Cada municipio aspira a tener la casa de cultura más completa o la mejor piscina, aunque la de la localidad limítrofe sea olímpica. “Es un derroche en todos los sentidos. Una locura que, además, es inoperante”, sostiene el catedrático Ramón Parada, experto en la materia.

El caso vasco suma como problema adicional que “el sentimiento de arraigo de los ciudadanos con su municipio es brutal”, según argumenta la propia presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea. “El de Maruri es de Maruri y no de Mungia”, argumentó en diciembre, durante una entrevista en EL PAÍS, antes de reconocer que el “runrún” sobre la alianza entre Ayuntamientos había llegado a Euskadi. Lejos de oponerse al debate, aunque de inicio no es partidaria de fusiones, la asociación tiene previsto llevar a cabo un estudio “empírico” sobre la supuesta conveniencia de estas, para determinar si de verdad contribuirían a una mejor gestión, factor determinante desde su punto de vista. “No se debe utilizar un simple criterio de tamaño o territorio para justificar una fusión”, defienden desde la entidad.

La mancomunidad optimiza servicios, pero sobrecarga la Administración

El caso de Vitoria podría servir de ejemplo. La capital alavesa no es solo el término municipal más grande de Euskadi, con 276 kilómetros cuadrados, sino que integra, lejos de su trama urbana, a más de medio centenar de concejos que conservan su identidad y cierto nivel de autonomía, pero sin la necesidad de mantener la compleja maquinaria administrativa que conllevaría su independencia. Arkaute, Gamarra, Foronda, Miñano… “La fusión de Ayuntamientos no tendría por qué conllevar añadida su pérdida de identidad”, defiende Parada, quien advierte, además, de que “la nacionalidad municipal no tiene sentido” en pleno siglo XXI.

Con sus cerca de 240.000 habitantes, Vitoria representa casi el 80% de la población alavesa. Con excepciones como Amurrio o Llodio, el resto del territorio apenas soporta población. Por eso los municipios han tenido que organizarse en cuadrillas para ofrecer servicios, como la recogida de basuras, que no podrían asumir por separado. El escenario administrativo supramunicipal, a medio camino entre los Ayuntamientos y las Diputaciones, es el que se demanda desde distintos estamentos, sobre todo institucionales, como receta para optimizar la propia gestión. Así lo reconocen desde Eudel. “Las centrales de contratación, por ejemplo, ayudan a reducir el gasto”, sostienen desde la asociación.

Se trata de una alternativa que rechazan, sin embargo, desde otros sectores, que además de la gestión, defienden una optimización de recursos. En este sentido, los organismos supramunicipales van justo en la línea opuesta a lo que se pretende, máxime ante un escenario de crisis, ya que en realidad contribuyen al aumento del entramado pseudoinstitucional con nuevos cargos de responsabilidad y sus gastos aparejados.

En los últimos meses, con el creciente debate sobre la duplicidad entre instituciones, se han multiplicado las voces que demandan, cuando menos, un estudio detallado sobre la posible fusión entre municipios vascos. Una petición que incluso comienza a tomar cuerpo entre dirigentes políticos, aunque de forma minoritaria aún. Como trasfondo emerge la incertidumbre de los grandes partidos a la alteración de las cuotas de poder que, en términos de Alcaldías y concejales, podría conllevar una reestructuración del mapa municipal. “La pérdida de puestos políticos y el dinero correspondiente es lo que en realidad les preocupa. La nómina se les vendría abajo”, sostiene Parada.