Anticorrupción solicita que Rivera declare cuanto antes por los ERE

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que cite a declarar cuanto antes al director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, así como a otras 18 personas más imputadas por los pagos supuestamente irregulares efectuados a cinco empresas. “Con la finalidad de que la investigación avance y vaya quedando en la medida de lo posible terminada”, aclara el fiscal en su escrito, que solicita la declaración en el juzgado del primer alto cargo del actual Gobierno andaluz imputado en esta compleja causa que acumula ya 49 acusados. La juez imputa a Rivera por haber autorizado pagos para empresas que supuestamente no habían solicitado las subvenciones cobradas.

El interés del fiscal por ir cerrando capítulos concretos, en vez de abrir otros frentes como es costumbre en la instrucción de Alaya, es claro. La juez ha marcado unas prioridades en la investigación, pero ante tal volumen de diligencias, comparecencias, las 16.000 páginas que acumula el sumario y los 200.000 folios que posee la documentación pedida a la Junta, han aflorado las divergencias respecto al calendario y la senda de las pesquisas que lleva a cabo la Guardia Civil.

Con su escrito, el ministerio público busca aclarar los pagos a las empresas Calderinox, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Río Grande. Además de la citación de Rivera, el fiscal pide que comparezca el anterior director general de Trabajo, Juan Márquez, dos dirigentes de CC OO, tres cargos de las consultoras Vitalia y Uniter, directivos de las empresas citadas, así como cuatro letrados de los bufetes Garrigues y Estudio Jurídico Villasís.

Respecto a estos dos despachos de abogados, la fiscalía les ha pedido que detallen los trabajos realizados para la Junta, además de pedirles una fianza como responsables civiles subsidiarios respecto a ciertos clientes. Tras pedir que se investigara a los dos despachos, ahora considera necesario requerirles “la justificación documental del asesoramiento técnico y jurídico prestado y facturado, de manera directa o indirecta”, a través de agencias públicas ligadas a la Junta, empresas, trabajadores o asociaciones. La fiscalía va más allá y para hilar fino pide incluso que se requiera a la Agencia Tributaria un informe sobre las operaciones declaradas por estos despachos, reseñadas con otras sociedades. Por último, el fiscal pide declarar 10 organizaciones (entre ellas dos consultoras, CC OO y una asociación de prejubilados) como responsables civiles subsidiarios. Esto significa que la juez podría pedirles fianzas millonarias, dada la cuantía de las cifras de los ERE en los que intervinieron las empresas.

Por otra parte, la Consejería de Empleo ha exigido al exmilitante socialista Manuel Jiménez de Miguel los 191.000 euros que percibió de forma ilegal al ser incluido como intruso en el ERE de la empresa Anovo Comlink. La póliza prevista para Jiménez alcanzaba nada menos que 400.000 euros. Este intruso, por el que un sindicalista ha señalado al diputado Ramón Díaz para que se le diera dicha póliza, no presentó alegaciones durante el plazo concedido por la Junta.

El expediente de Anovo incluyó otras cinco irregularidades, entre estas la póliza del exdirector de la empresa, que cobró “complementos indebidos”, según fuentes de Empleo. Tras haber recalculado los cobros de los prejubilados, Empleo se percató de que dos personas habían percibido menos dinero del que les correspondía, y tres de ellos cobraron 115.000 euros de más, que ahora les será retraído de sus próximos ingresos. Mientras, el exdiputado Ramón Díaz insistió ayer en que “nunca” participó ni colaboró en la inclusión de intrusos. Además, subrayó que dos intrusos se desvincularon de él pese a la acusación previa de un consultor de los ERE.