El Parlamento rechaza devolver el proyecto de ley de Cajas al Gobierno

El pleno del Parlamento ha rechazado hoy devolver al Gobierno el proyecto de ley de Cajas de ahorro, tal y como había pedido Ezker Anitza-IU. Peneuvistas, socialistas y PP se han opuesto a la devolución, mientras que UPyD y EA se han abstenido. Los portavoces de estos últimos partidos han advertido que su futuro apoyo o rechazo dependerá del trámite de enmiendas.

De este modo, la Cámara echa atrás la única enmienda a la totalidad interpuesta sobre el texto legal, por lo que el siguiente paso será el debate de las 305 enmiendas parciales. Mikel Arana, proponente de la enmienda a la totalidad, apoyada por Aralar, ha pedido la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo con el argumento de que podría suponer la desaparición de las cajas por la reciente creación de Kutxabank.

Arana ha preguntado qué sentido tiene crear ahora una ley de Cajas cuando "lo único que va a existir son unas asambleas generales de no se sabe qué", después de que en el conjunto de España, con 45 cajas de ahorro, solo queden dos tras los procesos de fusión o transformación en bancos, ha asegurado. El portavoz de Aralar, Mikel Basabe, cree que la devolución era necesaria porque de otro modo se debilita el control público y el carácter social inherente a las cajas de ahorro. Desde el PNV, Ricardo Gatzagaetxeberria ha replicado a Arana si lo que propone es que Euskadi "se limite a copiar la normativa estatal en la materia".

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, ha sido el encargado de presentar el proyecto de ley ante el pleno. En su intervención ha asegurado que no se trata de una mera trasposición de la normativa estatal a la comunidad autónoma y ha negado que vaya a suponer la desaparición de las cajas.Desde el PP y el PSE han coincidido en afirmar que el objetivo de la ley es garantizar que las cajas puedan competir en igualdad de condiciones con otras entidades. "Si no hay negocio bancario no hay obra social", ha dicho la socialista Joana Madrigal.

El proyecto de ley de Cajas, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 11 de julio del año pasado, propone modificar la composición de las asambleas para permitir la entrada de representantes nombrados por el Parlamento, las Juntas Generales y las Cámaras de Comercio. Una de sus prioridades en impedir la presencia de cargos públicos electos en los órganos de gobierno de las entidades.