El PSM abrirá expediente a los 11 exdiputados que reclaman dinero

El PSM abrirá un expediente disciplinario a los 11 exdiputados que han denunciado a la Asamblea de Madrid por los retrasos e indemnizaciones que, entienden, se les debe tras haber cesado su actividad en el hemiciclo.  El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ya anunció que tomaría esta medida el pasado  diciembre, cuando los exparlamentarios se dirigieron a la Mesa de la Asamblea exigiendo una indemnización que supera los 600.000 euros. Gómez ha afirmado durante una visita a la Quinta de Vistalegre (Carabanchel) que es "una conducta poco ética" reclamar "cantidades millonarias" por haber dejado de ser diputado, especialmente dada la crisis económica que azota España y los más de cinco millones de parados desempleados. De acuerdo con los estatutos del partido, el PSM, aunque abra la sanción, no podrá pronunciarse al ser una falta considerada como grave. Solo podrá hacerlo Ferraz.

Los exparlamentarios en cuestión son Francisco Contreras, Alejandro Lucas Fernández, Iván García, Joaquín García Pontes, Carmen García Rojas, Francisco Hernández, Ángeles Martínez, Fátima Peinado, Dolores Rodríguez, Esperanza Rozas y Rosa Villacencio. Reclaman 627.000 euros en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en concepto de "diferencia de percepciones" e "indemnización por cese de actividad". Los demandantes consideran que su sueldo como diputados regionales no se homologó con los del Congreso, de acuerdo con la  Ley 8/2000. La indemnización por cese de actividad es una circunstancia prevista en el Congreso pero no en el Parlamento madrileño.

Muchos de los demandantes se encuentran en paro tras no ser incluidos en la lista del PSM a la Asamblea de Madrid tras las últimas elecciones municipales y autonómicas. Algunos incluso admiten dificultades para conseguir ingresos, lo que les llevó a presentar un escrito en la Asamblea en el que reclaman una indemnización por cese de actividad y los complementos que no cobraron a partir de 2008, cuando la Cámara equiparó los sueldos de los diputados regionales al de los del Congreso, como establece la Ley 8/2000, según los reclamantes. La citada ley dice: "Por la Asamblea de Madrid se procederá a la homologación de la asignación retributiva básica de los diputados con dedicación exclusiva, a la cantidad que se devengue por ese mismo concepto por los diputados del Congreso, así como a establecer los demás conceptos retributivos".

El pasado diciembre la Mesa de la Asamblea, el órgano que dirige la vida parlamentaria, se reunió para decidir sobre la demanda de los exdiputados socialistas. Lo rechazó con unanimidad tras estudiar un informe jurídico negativo elaborado de urgencia por los servicios legales de la Asamblea, que consideró nula la demanda. Todos los grupos, PP, PSM, IU y UPyD, mostraron su rechazo a la petición de los excargos socialistas. 

Desde el círculo de Gómez ya vincularon a los demandantes con el simanquismo, corriente formada por colaboradores del anterior secretario general, Rafael Simancas, a la que el entorno del exalcalde de Parla considera enemiga porque apoyó a Trinidad Jiménez en las primarias de 2010. El diputado José Quintana sugirió una hace dos meses una intencionalidad política en la reclamación de los exdiputados basándose en las diferencias internas en el PSM. En el grupo hay, al menos, dos exparlamentarias que formaban parte del círculo de confianza de Gómez: Fátima Peinado y Esperanza Rozas respaldaron a Gómez en las primarias. "Es una demanda laboral, y nos basamos en una ley del año 2000 del señor Gallardón. Si todos los partidos están en contra que le pongan una enmienda para retirarla", sostiene uno de los demandantes.