Eliminado el veto en el CRL para agilizar su funcionamiento

Se acabarán los vetos que complicaban el funcionamiento del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), según decidió ayer el Parlamento vasco. La nueva ley acaba con la posibilidad de bloqueo a la hora de votar los informes ya que hasta ahora este órgano quedaba reducido a mero órgano consultivo en materia sociolaboral, “sin capacidad real” para que el Gobierno y Parlamento vascos tomaran en consideración sus recomendaciones.

En su comparecencia de ayer ante el pleno del Parlamento para defender la reforma de la ley, la consejera Gemma Zabaleta destacó que la iniciativa “cambia sustancialmente la manera de alcanzar los acuerdos y decisiones que se ejecutan” al eliminar el derecho al veto. En adelante, los acuerdos y decisiones de esta institución se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. Además, para garantizar la operatividad del organismo y optimizar su funcionamiento, las organizaciones que no nombren a sus consejeros perderán ese derecho ya que se regula la ausencia de alguno de los representantes de las organizaciones y la no designación de alguno de los miembros.

Por su parte, el presidente del CRL será nombrado y cesado por el lehendakari, si bien la nueva redacción introduce la audiencia previa de los miembros integrantes del consejo antes de su designación por un periodo de cinco años.

Servicio de Lanbide

A su vez, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ofrecerá a todos los ayuntamientos vascos la firma de un convenio de colaboración para el intercambio de información que permita una gestión más eficaz de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y de las Ayudas de Emergencia Social (AES).

Este acuerdo interinstitucional perseguirá la agilización de los trámites al ciudadano que solicite alguna de estas prestaciones económicas y un control "más eficaz" en la lucha contra posibles fraudes.

El director general de Lanbide, Javier Ramos, destacó que con esta propuesta se pretende lograr “una mejor gestión de los recursos públicos” y contar con “una herramienta más de lucha contra posibles casos de fraude”. El Ayuntamiento de Vitoria, con algo más de 6.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, ya ha firmado este tipo de convenio.