Los sindicatos acusan de persecución a la alcaldesa de IU de Manilva

Antonia Muñoz despide a una administrativa con 20 días por razones económicas y organizativas

La alcaldesa de Manilva, a la entrada de los juzgados de Estepona.
La alcaldesa de Manilva, a la entrada de los juzgados de Estepona.JULIÁN ROJAS

El Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) ha empezado a despedir a trabajadores a causa de sus dificultades económicas. El pasado 16 de febrero, Elena R. N., auxiliar administrativo, recibió la carta de despido por motivos económicos y organizativos del Consistorio. La trabajadora fue despedida con 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 meses, indemnización contemplada en el Estatuto de los Trabajadores desde 1995 y que no ha sido modificada en la recientemente aprobada reforma laboral, como por error ha venido publicando este periódico, tanto en Internet como en la edición impresa.

El decreto del despido de la trabajadora es un compendio de la complicadísima situación económica del consistorio manilveño. La alcaldesa, Antonia Muñoz, señala en él que “el abono anual de los gastos de personal alcanza casi el 90% del presupuesto del Ayuntamiento” y que “solo la correcta racionalización del personal municipal en relación con los servicios municipales pueden favorecer la viabilidad futura del Ayuntamiento”, cuya plantilla supera los 600 empleados. Entre otros motivos económicos, Muñoz cita la “deuda estructural” que el Consistorio mantiene con Hacienda y la Seguridad Social, que supera los 30 millones de euros, y la deuda con proveedores, cercana a los seis millones. Además, recuerda que los ingresos del municipio son de medio millón de euros al mes, mientras que la nómina municipal cuesta 730.000 euros.

Muñoz está imputada por un delito contra la Administración pública derivado de su política de contratación, tanto de personal como de obras y servicios. En el anterior mandato municipal, 57 familiares directos o políticos los miembros de la lista de IU fueron incorporados a la plantilla municipal. Tras las elecciones locales del pasado mayo, Muñoz, que se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, colocó como jefes de servicio a todos los integrantes de su candidatura que no obtuvieron acta excepto a uno. En el decreto de despido la regidora alude a causas organizativas: “[es] necesario reducir el personal que realiza su actividad puesto que la plantilla está sobredimensionada”, le dice Muñoz a la trabajadora.

Fuentes del comité de empresa municipal atribuyen el despido de la empleada Elena R. N. con las condiciones más duras del Estatuto de los Trabajadores a una “persecución sindical”. Según estas fuentes, la empleada iba a ser nombrada delegada sindical, lo que hubiera dificultado su despido, y al enterarse la regidora aceleró los trámites para su salida. En el decreto, Muñoz le dice a la empleada que el puesto que ocupa no contará con consignación presupuestaria en el presente ejercicio, y que “en el momento en que la situación se reequilibre de forma adecuada se creará una bolsa de trabajo” en la que ella tendrá “preferencia” para la reincorporación.

La trabajadora despedida ya fue echada de su trabajo por Muñoz en 2008, junto a otra treintena de trabajadores. En aquella ocasión, un juzgado de lo Social calificó de improcedente el despido y la empleada se acogió a su derecho de reincorporarse a su puesto. Fuentes del comité de empresa del Ayuntamiento aseguran que la regidora les ha comunicado que otros 17 trabajadores ocupan puestos que no tendrán asignación presupuestaria este año y que Muñoz se ha negado a contemplar medidas menos traumáticas para conservar los empleos como rebajas de salario de la plantilla o planes de prejubilación.

Una portavoz del Ayuntamiento ha asegurado a este periódico que el despido de la trabajadora obedece a un proceso de “optimización” de los recursos económicos municipales y niega que se haya esperado a la reforma laboral para su salida. El Consistorio está analizando la relación de puestos de trabajo municipal “con técnicos de la Diputación”, y afirma que “a día de hoy no existe ningún plan” para despedir a más personal.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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