El PSOE cuestiona las comparecencias por el caso de los ERE en campaña

Las fechas fijadas por la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para las declaraciones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo, que coincidirán con el calendario de las próximas elecciones autonómicas, levantó ayer las críticas de los socialistas andaluces, más o menos severas. Todas censuraron que la instrucción pueda alterar la campaña a través de las comparecencias de los imputados. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estuvo entre los más suaves: “He leído la prensa y coincido con ella cuando dice que determinadas decisiones judiciales coinciden con la campaña”, subrayó. Griñán recordó que la Junta ya ha enviado 200.000 documentos a la magistrada para su estudio.

El presidente aún está a la espera del dictamen de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía sobre su intención de llevar la estrategia del PP sobre el caso ante los tribunales. En caso de concretarse, la querella es contra el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, por indicar que el presidente habría dado instrucciones para destruir documentos de los ERE Griñán ha asegurado que en la política "vale todo menos acusar infundadamente de la presunta comisión de delitos a personas".

"Debemos saber perfectamente que el PP está haciendo una instrucción paralela, que dicta sentencias todos los días y que cuando les imputan a ellos un delito llevan a los jueces a los tribunales como ha pasado con Baltasar Garzón. Cuando le afecta a un socialista lo consideran culpable aunque no esté imputado", ha esgrimido.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, señaló la “molestia y preocupación” de su partido por quien “está pretendiendo manipular la instrucción haciéndola coincidir con la campaña”. “Da la sensación de que para algunos medios y para el PP la única baza electoral es la trama de los ERE”, añadió.

Mientras, el pleno de la Diputación de Sevilla fue escenario de un agrio enfrentamiento entre socialistas y populares. El presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE) dijo que le parece “raro” que la juez Alaya “lleve el caso en tres ocasiones a días antes de unas elecciones”. “Lo digo más fuerte para que salgan ustedes y la llamen”, ironizó el presidente de la institución. A continuación, mostró escaso decoro: “La Diputación no tiene nada que ver con el caso (...) El PP da credibilidad al chorizo, putero y drogadicto de Francisco Javier Guerrero”, espetó el presidente en pleno rifirrafe con los populares. El portavoz del PP, Eloy Carmona, reprochó a Villalobos que “personas implicadas” en el caso hayan estado ligadas a la institución, entre ellos la directora de Cohesión Social, María José Cervantes, y el director de Empleo, Enrique Rodríguez, además del exparlamentario y exdirector de área, Ramón Díaz.

Los populares pidieron una vez más que José Antonio Viera —exconsejero de Empleo y exsecretario general del PSOE de Sevilla— dimita como diputado después que la Guardia Civil le haya atribuido un “papel esencial” en la concesión de ayudas a empresas de la Sierra Norte sevillana implicadas en el caso de los ERE. El número dos del PP, Antonio Sanz, dijo que su situación es insostenible: “Está obligado a dimitir y no puede permanecer en un cargo público ni un minuto más”. No obstante, se negó a pronunciarse sobre la razón de la tardanza de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, para imputarlo. “Eso es cosa de la magistrada”, dijo.

Sanz acusó a Viera de mentir al sostener que no sabía absolutamente nada de las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de ayudas a empresas de la Sierra Norte, muchas de ellas vinculadas al PSOE. El popular aprovechó para recordar que su partido estaba en lo cierto al denunciar que una trama de la Sierra Norte destinó “24 millones de euros del fondo de reptiles 45 días antes de las elecciones autonómicas”.