Mendia defiende que resarcir los excesos policiales “consolida” el Estado de derecho

El establecimiento de “la verdad” sobre los excesos policiales o parapoliciales, así como reconocer y resarcir a sus víctimas, tiene para el Gobierno un efecto derivado. La portavoz y consejera de Justicia, Idoia Mendia, mostró ayer su convencimiento de que contribuye a “consolidar y defender el Estado de Derecho”.

Mendia recordó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo que las víctimas que serán amparadas por el decreto que presentó anteayer no tenían, en su inmensa mayoría, nada que ver con el terrorismo, ni siquiera con la política. “Defendían derechos de los trabajadores, pasaban junto a una manifestación, se asomaban a una ventana durante unos disturbios o salían de madrugada de una discoteca”, describió, en referencia a algunos de los casos ocurridos entre 1968 y 1978, el período de tiempo que abarca este primer decreto.

En todo caso, “ningún Estado de derecho puede ver con buenos ojos ninguna vulneración de derechos humanos”, añadió. “Estoy hablando de los casos de malos tratos, torturas y vulneración del derecho a la vida”, certificó de modo tajante, al tiempo admitió que algunos de los afectados por estas injusticias fueron también “victimarios”.

La consejera de Justicia, recordó que el decreto es fruto de un mandato parlamentario que respaldó también el PP, y eludió responder al presidente de este partido en Euskadi, Antonio Basagoiti, quien ayer cuestionó en Radio Euskadi la oportunidad del decreto y del momento. Mendia le invitó a “leerlo con detenimiento” y defendió como adecuado “el tiempo político en que nos encontramos” para cumplir el mandato de la Cámara.

Acuerdos

Por otra parte, el Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto de administración electrónica que eliminará la obligación de los ciudadanos de presentar datos y documentos que pueden ser consultados electrónicamente, como el DNI, el empadronamiento o los pagos fiscales y a la Seguridad Social.

El Ejecutivo dio luz verde 14,2 millones, un 15% más que en 2011, para ayudar a empresas en su internacionalización a través del programa Prointer. Igualmente, aprobó el decreto que regulará las ayudas a la diversificación económica de las zonas pesqueras, dotado con 3,1 millones y destinó 1,3 millones a la participación de productores en programas de calidad.