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El juez reclama a Castedo todos los documentos del PGOU desde 2002

La solicitud se ha producido a propuesta del fiscal del caso, Felipe Briones, y se extiende al periodo en que asumió el proyecto Lluís Cantallops

El juez instructor de la pieza del caso Brugal que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, ha solicitado al Ayuntamiento que preside Sonia Castedo todos los planos y documentación del proceso de revisión del planeamiento a partir del avance que realizó el arquitecto catalán Lluís Cantallops en 2002.

La solicitud se ha producido a propuesta del fiscal del caso, Felipe Briones. El nuevo PGOU de Alicante ha pasado desde 1999, cuando se inició su revisión, por las manos de dos equipos redactores —el citado Cantallops, despedido en 2005 y desde febrero de 2008 de Laboratorio de Proyectos.

Y entre la documentación aportada en el proceso que dirige el juzgado de Instrucción número 5, la defensa del promotor Enrique Ortiz presentó un plano del año 2002 donde aparecían esbozados ya algunos de los futuros usos del suelo en el planeamiento. Esta documentación pretendía rebatir que el empresario dispusiera de información privilegiada. En 2002 Cantallops ultimó el concierto previo para la revisión del Plan General, avance del planeamiento que fue aprobado por el Consell en 2003.

Tras conocer la petición, el Ayuntamiento de Alicante aseguró que trabaja para entregar durante este semana toda la documentación. La edil de Urbanismo, Marta García-Romeu, del PP, recordó que ya se ha entregado al juzgado diversa documentación relativa al PGOU conforme esta ha sido solicitada por las distintas partes del proceso. Un troceo de la información que ahora se solicita unificada, agregó. La regidora y portavoz del equipo de gobierno aseguró que se ultima la informatización total de toda la documentación relativa a una revisión que ya dura 13 años y que esta misma semana, cuando esté completamente lista, se enviará al juzgado.

Entre la documentación solicitada al Ayuntamiento de Alicante también se requirió el contrato con Laboratorio de Proyectos, de Jesús Quesada (imputado en la causa) y los informes de alegaciones elaborados por este despacho de arquitectos, entre otros aspectos.

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