Indemnizaciones y declaración

La comisión de expertos cuya creación prevé el decreto no solo dictaminará sobre cada caso —su visto bueno será preciso para cobrar las indemnizaciones—, sino que al término de su trabajo emitirá una resolución o declaración oficial con lo que considera hechos probados. Todavía no se sabe qué forma tomará ni si incluirá una petición de perdón.

La ex juez Manuela Carmena puso cuidado en señalar que la comisión “no enjuiciará conductas de los victimarios” y en despojarla de toda connotación “judicial o parajudicial”. A las víctimas se les reconocerán unos derechos, que podrán estar prescritos o no, indicó, y, si algunas de ellas lo desean, se les facilitarán los medios para acudir a la Administración de Justicia.

La comisión remitirá todo su relato —la enumeración completa de los hechos que verifique— al fiscal superior.

El decreto fija seis tipos de sufrimientos y sus correspondientes indemnizaciones: muerte, que se compensará con 135.000 euros, gran invalidez (390.000), incapacidad permanente total (45.000), incapacidad permanente parcial (35.000) y las lesiones no invalidantes, que se regirán por los baremos de la ley de Responsabilidad Civil y los accidentes de tráfico. Tales sufrimientos debieron ser ocasionados “en acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos”.

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