“Me dejaron 8.000 euros hace cuatro años y ahora me reclaman casi 87.000”

No solo los bancos están detrás de las ejecuciones hipotecarias. También muchos prestamistas particulares, cuyos abusivos intereses han ahogado a quienes han perdido su empleo y la posibilidad de hacer frente a los pagos comprometidos. Es el caso de la bilbaína Kontxi Puente. “Yo pedí un préstamo de 10.000 euros hace cuatro años, pero me dieron solo 8.000 y ahora me reclaman que devuelva casi 87.000”, desvela. Las escalofriantes cifras que desvela son solo la punta del iceberg de un problema que comienza a trasladarse a la opinión pública, pese al pudor que muchos de los afectados mantienen a contar su caso.

En realidad, Puente no pidió el dinero para hacer frente a su hipoteca, sino a un gasto sanitario. En el banco le exigían un aval y ella no quiso implicar a sus padres, de avanzada edad. Por eso recurrió a un prestamista que, según tiene denunciado en los tribunales, manipuló los trámites administrativos y le reclama ahora cantidades que no se corresponden con la realidad. No es la única afectada por un mutuante que estuvo implicado también en el caso del matrimonio de ancianos del caserío Kukullaga de Berango que estuvo a punto de ser desahuciado en septiembre.

Stop Desahucios ve un “gran problema” ante el que “se están dando pasos”

En su caso, no corre riesgo de ejecución hipotecaria, porque la vivienda en la que reside también es de su marido. “Lo que me van a embargar es a mí de por vida”, lamenta, no sin advertir de que está dispuesta a llegar hasta el final para que se haga justicia. Pero su esfuerzo individual de poco servirá, según esgrime, si el resto de los afectados por desahucios no dan a conocer sus respectivos casos para trasladar a la sociedad la gravedad del problema. “Si no unimos fuerzas no vamos a poder hacer nada”, sostiene.

Puente es una de las personas que, en busca de ayuda, ha recurrido a la asociación Stop Desahucios, que aglutina a los afectados en Euskadi y ha atendido, solo en Bizkaia, más de medio millar de consultas telefónicas en apenas un año. Su portavoz, Marta Uriarte, coincide en la preocupación por los prestamistas, “mayor incluso” que en el caso de las entidades financieras, si bien sitúa ambas en una misma esfera a la que espera que desde la Administración Pública se aporte, de forma urgente, alguna solución. “Estamos ante algo que ahora mismo es un problema, pero que este mismo año se va a convertir en un gran problema”, vaticina.

La plataforma de afectados ha recibido 500 consultas en un año solo en Bizkaia

Aunque reclama celeridad, Uriarte admite que Euskadi ha tomado la delantera a otras regiones en la búsqueda de soluciones, en parte “por la presión social”. “Se están dando pequeños pasos y, con ellos, se está empezando a crear conciencia entre los ciudadanos, que es tan importante como los pasos”, considera la portavoz de Stop Desahucios, quien reconoce, sobre todo, la implicación de los jueces en el problema, “hasta donde pueden”, y también la del propio presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra. En su opinión, sin embargo, resulta fundamental que “comiencen a verse sentencias a favor de la dación en pago” de la vivienda como fórmula para saldar la deuda con los acreedores, ya que es una posibilidad que se recoge en la legislación actual.

La plataforma ha mantenido ya cuatro reuniones con el máximo responsable de la judicatura y varias también con representantes del Gobierno, que les han trasladado de primera mano los pormenores del plan en el que trabajan y que está a punto de ser redactado. Desde Stop Desahucios confían en que la aplicación de las medidas propuestas “dé resultado”.