Feria Valencia se niega a que la Sindicatura audite su contabilidad

Feria Valencia se niega a que la Sindicatura de Comptes audite su contabilidad. Así lo pone de manifiesto un informe del organismo encargado de fiscalizar las cuentas del sector público valenciano hecho público este jueves.

Lo sorprendente de Feria Valencia, un consorcio controlado por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, es que se niega a facilitar ni uno solo de los datos requeridos por la Sindicatura de Comptes. La institución ferial fue uno de los organismos donde Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market en Valencia y uno de los principales imputados de la trama corrupta en el caso Gürtel, tuvo alguno de sus principales contratos.

El informe de la Sindicatura relata que el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, considera que en la institución que preside no se da “ninguna circunstancia que determine su pertenencia al sector público valenciano”.

Fue la propia alcaldesa de Valencia y presidenta del patronato de Feria Valencia, Rita Barberá, del PP, la que anunció el pasado mes de diciembre que Alberto Catalá, con quien mantiene una relación de amistad, continuaría al frente de la institución.

Para la Sindicatura, “Feria Valencia está obligada a presentar sus cuentas” para ser sometidas a fiscalización. La Sindicatura de Comptes recalca que existe incluso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que determina que la naturaleza de Feria Valencia es la de un “consorcio de carácter local” y que como tal forma parte del sector público valenciano y por lo tanto debe ser auditado.

En su informe, la Sindicatura recuerda que la legislación del Gobierno valenciano establece para las instituciones feriales “una regulación que es propia del derecho público”. “Así”, detalla la Sindicatura, “se ordena, entre otros extremos, la integración en sus órganos de gobierno de representantes de determinadas entidades públicas, la aprobación de sus estatutos por la consejería competente en materia de comercio, así como la presentación del presupuesto y el plan de promoción de cada certamen”.

Como argumento para no facilitar a la Sindicatura de Comptes ningún dato, el presidente de Feria Valencia alega que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia determinase que la naturaleza jurídica de la institución ferial es un consorcio de carácter local fue una cuestión previa para determinar si estaba exento del IVA, “pero sin pretensiones generalizadoras”.

Catalá aduce que Feria Valencia es una asociación de utilidad pública y que el organismo que debe verificar si cumple con la obligación de rendir cuentas es el registro de asociaciones donde se encuentre inscrita la institución.

La pega es que la Sindicatura, además de desmontar el argumento, aduce que se ha tomado la molestia de comprobar si Feria Valencia está inscrita en algún registro de asociaciones como sugiere Alberto Catalá y ha descubierto que no está en ninguno. El presidente de Feria Valencia contesta al ser pillado en la falsedad: “Tomamos nota de la información que suministra acerca de los registros públicos de asociaciones a los efectos de ejercitar las actuaciones pertinentes”.

Ninguna información

El órgano auditor recalca: “A pesar de los requerimientos que se le han efectuado por parte de la Sindicatura, Feria Valencia no ha facilitado ninguna información contable en la que se pueda comprobar si se han realizado o no aportaciones de financiación por parte de las Administraciones públicas, por lo que se desconoce qué puede ocurrir en el caso de que los ingresos comerciales no sean suficientes para cubrir sus gastos”.

La rebeldía de Feria Valencia llega al extremo que la Sindicatura admite que ha tenido que basarse en fuentes externas y en los pronunciamientos judiciales existentes para determinar el carácter público de Feria Valencia y su obligación de someterse a la fiscalización al formar parte de la Administración.