Los recortes a los funcionarios acabarán “cuando mejore la economía”

La reunión del Gobierno gallego de ayer explica como pocas la política económica de la Xunta. En el mismo Consello aprobó un proyecto de ley para recortar derechos y prestaciones a los funcionarios con un ahorro estimado de 80 millones de euros, un plan de ayuda a los empresarios por 12 millones de euros que financia hasta el 75% de las contratos para sus departamentos de exportaciones y la segunda fase de adelgazamiento de la Administración paralela que pretende eliminar 22 entes autónomos, los llamados chiringuitos, con el objetivo de recortar entre cinco y seis millones de euros cada anualidad. El Ejecutivo también dio luz verde a la declaración de incidencia supramunicipal del futuro hospital de Pontevedra, que se financiará por la fórmula de pago aplazado a 20 años igual que el de Vigo. Todo a la misma hora en que el Congreso de los Diputados aprobaba una nueva reforma financiera que reserva otros 15.000 millones de euros de fondos públicos a cargo del FROB para sanear los bancos.

Según recoge el “proyecto de ley de medidas temporales para el empleo público”, la Xunta dejará de pagar parte de las bajas de los funcionarios. Durante los tres primeros días de incapacidad (salvo casos de hospitalización e intervención quirúrgica) solo percibirán el 50% del sueldo si se trata de la primera baja, el 40% durante la segunda y nada a partir de las siguientes. Cuando la incapacidad (excluidos los accidentes laborales y la enfermedad profesional) se extiende por más tiempo, entre el cuarto día y el 21º los funcionarios percibirán el 75% del salario y a partir del 22º, el sueldo completo. Además, la norma faculta al Gobierno gallego para reducir un máximo de un tercio la jornada laboral y el salario de los interinos de la Xunta, salvo en el caso de los profesores y el personal del Servizo Galego de Saúde, si bien la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, se comprometió ayer a no acometer reducciones generalizadas. “Se estudiará caso por caso según las necesidades del servicio”, garantizó.

El presidente y Elena Muñoz dicen que en dos años  revisarán los ajustes

El contundente y unánime rechazo de los sindicatos (que ayer se concentraron a la misma hora en que se celebraba el Consello y pararon la actividad en San Caetano) al proyecto de ley obligó al presidente a improvisar cambios de última hora en la redacción de la norma. Según recalcaron el propio Feijóo y la titular de Facenda, se trata de una “medida temporal” que se aplicará durante los próximos dos años (en las reuniones con las centrales la Xunta siempre habló de una duración de cinco). Claro que tampoco eso está claro, porque, aunque presidente y conselleira insistieron en que su revisión dentro de dos años dependerá de “la evolución de la economía”, ayer no hubo ningún compromiso concreto sobre qué dato de crecimiento del PIB justificaría la revocación de las medidas. El texto se desconoce porque Facenda no lo mostró.

La presión sindical obligó a introducir cambios en el proyecto de ley

Feijóo lamentó que los sindicatos no se hayan sentado a negociar su paquete de medidas y dio a entender que la primera propuesta, más restrictiva con los derechos de los trabajadores públicos, era un punto de partida para la negociación. A las centrales les sonó tan mal que todas pidieron su retirada inmediata y marcaron un calendario de protestas que sigue vigente. Consciente de ello, el presidente demandó de los empleados públicos “un esfuerzo en esta situación excepcional”. Se esmeró en subrayar que las medidas más que necesarias “son imprescindibles” para “no tocar el gasto social ni las inversiones”. Sucede que el gasto social ya se ha recortado (aunque en menor medida que otros capítulos de las cuentas) y ha perdido 1.200 millones de euros desde que gobierna. Aun y todo, el presidente insiste en que sus “medidas temporales” permiten no bajar las retribuciones de los funcionarios como ya han hecho Cataluña y Valencia.

En plena reunión de Gobierno se introdujo como un guiño a los sindicatos una segunda variación en el texto legal que facultar al Gobierno a modificar las retribuciones de los directivos de las empresas públicas y las dietas que perciben los representantes en sus consejos de administración. Tan apresurada fue su inclusión en el texto que Facenda pidió tiempo para establecer en un reglamento posterior la cuantía de las rebajas salariales a directivos y en dietas de los consejos de administración.

La explicación del plan de ajuste centró la mayor parte de la comparecencia pública de Feijóo y Muñoz, que insistieron en cifrar en 80 millones el ahorro (el mismo que habían calculado antes de introducir los últimos cambios). La rueda de prensa sirivió para anunciar otro plan “que nace del diálogo social” y que pone a disposición de las empresas 12 millones de euros para subvencionar el 75% de los empleados que sean gestores de exportaciones. El objetivo pasa por incrementar de 50 a 100 los trabajadores que se destinan a ese cometido en firmas de la comunidad. El Gobierno gallego también sufragará “iniciativas de marketing, promoción y misiones comerciales” de las empresas que apuestan por la internacionalización. Se trata de un objetivo estratégico para Feijóo, que ya el miércoles aseguró en el Parlamento que el comportamiento de las exportaciones, que aumentaron en Galicia un 11% mientras caen en España, es uno de esos “rayos de esperanza” que le hacen mantener cierto optimismo sobre la evolución de la economía gallega.