La Xunta alivia el recorte en la función pública pero no frena las protestas

La Xunta rebaja los recortes en el pago de las bajas pero los sindicatos no están dispuestos a renunciar a “un derecho que se consiguió en los años sesenta, antes de la democracia”. Aunque la Consellería de Facenda acudió a la comisión de personal a la que había convocado a CC OO, UGT, CIG y CSIF aflojando la cuerda en el punto más criticado por los representantes de los trabajadores se encontró con una posición firme: los sindicatos no piensan negociar sobre lo que consideran que es una “imposición unilateral” de la ley de medidas extraordinarias en el ámbito de empleo público, que aprobará hoy el Consello de la Xunta. Reclaman comenzar una negociación partiendo de cero y buscar financiación adicional o suprimir en otros gastos “superfluos y suntuarios”.

La primera propuesta que presentó la Xunta, de la que todos los sindicatos pidieron su retirada, eliminaba la parte que abona la Administración autonómica del complemento por incapacidad laboral los primeros 21 días. En esa versión, un trabajador de baja —excepto para los casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional o maternidad— no cobraría nada los tres primeros días, un 40% de su sueldo del cuarto al vigésimo primero y, a partir de ahí, el 100%. La ley que finalmente aprobará el Consello y, probablemente el Parlamento, acepta que se cobre todo el salario también en casos de hospitalización o intervención quirúrgica. Para otro tipo de enfermedades, el trabajador público cobrará el 50% de la paga los tres primeros días —el 40% si es la segunda baja en un año natural y cero euros para las siguientes—, el 75% del cuarto al día número 21 y completa a partir de entonces. El resto del proyecto de ley es prácticamente igual y solo tiene una novedad relevante.

Facenda incluye una nueva derogación del convenio colectivo por la que los funcionarios que se jubilen a partir de la aprobación de la ley no cobrarán los tres meses de salario con los que se iban hasta ahora. Los sindicatos insisten en que es necesario que se abra un “mesa real” de negociación, mantienen las concentraciones previstas —los jueves de febrero— y supeditan la convocatoria de huelga en el sector a la tramitación parlamentaria.

El presidente de la Xunta cifró el ahorro que conllevarán estas medidas en unos 80 millones de euros, pero Facenda no aclaró en cuanto se reducirá ahora con las modificaciones. Los sindicatos consideran que el ahorro es “falaz” y apuntalan su argumento en la falta de respuestas de Facenda, que no aclaró cuanto se dejará de gastar en cada consellería y solo da respuestas aproximadas. Así, con el recorte en las bajas podrían ahorrar unos 22 millones, mientras que la eliminación de las ayudas de acción social —excepto para personas con discapacidad— supondrían unos 10, según fuentes sindicales. Lo único que hasta ahora ha cuantificado la Xunta es la supresión del plus de altos cargos hasta que pase la crisis, unos 800.000 euros. Todas estas medidas tendrían una duración de cinco años. Facenda insiste en que, con estas medidas, Galicia “será la comunidad que regulará con mejores condiciones la incapacidad laboral”.