El Consell pierde mil millones al año por la mala financiación Autonómica

Mil millones al año, 8.400 de déficit acumulado respecto de la media española. Cada valenciano recibe anualmente del Estado 194 euros menos. Estas son las consecuencias de los sucesivos modelos de financiación autonómicos, todo ellos lesivos para la Comunidad Valenciana. En ese balance tan negativo ha tenido mucho que ver la escasa influencia que los diferentes responsables del Consell han tenido en la política española.

La última oportunidad para mejorar un modelo tan negativo se produjo durante la reforma del Estatut d’Autonomía de 2006; pero Francisco Camps y el PP se opusieron a que el texto condicionara las inversiones estatales o hiciera referencia alguna a la deuda histórica. Ahora el actual presidente de la Generalitat Alberto Fabra, del PP, tiene que reclamar esa deuda.

Todos los políticos que han tenido alguna responsabilidad en la gestión autonómica, tanto del PSOE como del PP, coinciden en sus críticas a los distintos modelos de financiación existentes desde la puesta en marcha del Estado de las autonomías, pero el hecho cierto es que ninguno de ellos pudo solucionar el problema.

Por otra parte, no son pocos los que creen que el despilfarro es en gran medida el responsable del agujero en las arcas autonómicas, pero los expertos consultados por este periódico opinan que, si bien es cierto que puede haber agravado la situación, el factor más influyente es la financiación per cápita. Pero la pregunta que pocos responden es por qué la Generalitat, al contrario que otras comunidades autónomas, no aprovechó la fase expansiva de la economía para frenar el endeudamiento; mientras que Murcia, tan mal financiada y con características similares, sí lo hizo.

La deficiente financiación autonómica es un serio lastre para las arcas públicas de la Comunidad Valenciana. Los valencianos han recibido desde la puesta en marcha del Estado de las autonomías menos dinero por habitante que la media de los españoles. En 2009, último año del que existen datos oficiales, la Generalitat recibió casi mil millones de euros menos de lo que le hubiese correspondido de estar en la media estatal. Dicho de otra manera, según Rafael Beneyto, miembro de la comisión de expertos que asesora a la Generalitat, la Comunidad Valenciana recibió 194 euros menos por habitante que el resto de territorios con excepción del País Vasco y Navarra, que con su sistema foral disfrutan de una financiación per cápita muy superior.

Sin embargo, no se trata de una situación sobrevenida. Desde la puesta en marcha del Estado de las autonomías, a principios de los ochenta, la Comunidad Valenciana ha pagado su falta de peso político en Madrid.

Una falta de influencia que ninguno de los Gobiernos valencianos ha sabido resolver y que se ha traducido en una financiación deficiente de carácter crónico. La consecuencia ha sido un endeudamiento creciente, agravado con casos de despilfarro y corrupción, que tras el cierre de los mercados financieros obliga a acometer recortes más duros de lo previsto.

Los valencianos reciben

En estos 30 años de autogobierno, la deficiente financiación se ha enmascarado con un aumento de las cantidades absolutas que el Estado ha transferido a la Generalitat. Lo que no ha evitado estar siempre a la cola de la financiación por habitante.

Hasta 2001, año en el que se decidió dar un salto en el sistema de financiación autonómica, el Estado utilizó un método que denominó “coste efectivo de los servicios transferidos”. Es decir, sobre el supuesto de que el Estado realizaba sus prestaciones al mismo nivel en todo el territorio, se realizó una estimación del coste del servicio transferido y se consignó la correspondiente partida en los presupuestos generales. El problema, como ha demostrado el paso de los años, es que la premisa inicial no fue correcta: el Estado no tiene un nivel homogéneo de servicios en todo el territorio. Y las dos modificaciones efectuadas sobre el sistema empleado inicialmente, de 1978 a 1986, solo sirvieron para volverlo más complejo. En el periodo 1987-1996 se introdujeron nuevos parámetros de distribución de los fondos, como la dispersión geográfica, la superficie del territorio o la insularidad, que simultáneamente se conjugaron con mecanismos correctores para no alterar la situación de partida.

En el periodo 1997-2000 las modificaciones introducidas en el sistema buscaron aumentar la corresponsabilidad de los Gobiernos autonómicos ofreciéndoles mayor capacidad para incrementar sus ingresos.

El incremento de los fondos repartidos ha enmascarado

El primer presidente de la Generalitat, el socialista Joan Lerma, lo explica de forma muy clara: “En la Comunidad Valenciana el gasto del Estado era muy poco en el momento de transferirse las principales competencias (1988) y las redes de salud y educación muy precarias. Hubo que gastarse mucho dinero, sobre todo en educación, y gastamos en estos servicios más de lo que nos transfirió el Estado”.

“Las comunidades que optamos a la autonomía por la vía rápida tuvimos que hacer un gran esfuerzo, que en el resto del territorio realizó el Estado antes de transferir las competencias en educación y sanidad a las otras autonomías en 2002”, señala Lerma, que recuerda sus pugnas con el Gobierno central para lograr que financiase la ampliación de servicios transferidos.

El cuarto modelo de financiación —vigente entre 2002 y 2008, e impulsado por el entonces presidente valenciano Eduardo Zaplana, el ministro de Economía Rodrigo Rato y el presidente del Gobierno José María Aznar— nació con muy buenas intenciones pero el resultado fue desastroso para la Comunidad Valenciana.

El ‘modelo Zaplana’ permitió diferencias de financiación

Zaplana se presentó entonces como el referente del “poder valenciano” en Madrid. Parecía que, finalmente, se corregía una situación injusta que lastraba los servicios públicos en la Comunidad Valenciana. Pero al final, el sueño se convirtió en pesadilla.

Un reciente estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) afirma: “El modelo nació con unos objetivos loables, pero las piezas añadidas al mismo, durante su negociación política, y determinados cambios socioeconómicos, en particular el fuerte crecimiento demográfico de esos años debido a la inmigración, han alejado sus resultados efectivos de sus objetivos iniciales”. Tanto que en 2008, el sistema llegó a adjudicar 2.881 euros por habitante a Cantabria, mientras que a Baleares y a la Comunidad Valenciana, en la cola, les asignó 1.972 y 1.989 euros por habitante, respectivamente. “Esta diferencia representa un margen de más del 40% para satisfacer unos mismos servicios públicos básicos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales”, afirman los autores.

El reparto vigente reduce

Francisco Pérez, director del estudio de la Fundación BBVA, y los otros tres expertos del IVIE que han publicado Las diferencias regionales en el sector público español, recalcan que las modificaciones introducidas en el modelo de 2002 tuvieron como finalidad respetar el statu quo anterior —el año de partida escogido fue 1999— y la posición de algunas autonomías “históricamente favorecidas por las actuaciones públicas”.

En 2006, Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y el líder socialista Joan Ignasi Pla, perdieron otra gran oportunidad para solucionar la mala financiación de la Comunidad Valenciana a través de la reforma del Estatut d’Autonomía.

Camps y el PP se opusieron de plano a incluir cualquier referencia en el texto estatutario que hiciese mención a la existencia de una deuda histórica, como Andalucía, o que condicionase la inversión del Estado, como hicieron Cataluña y Baleares. En lugar de abrir una negociación bilateral con el Estado, a través de la reforma del Estatut, que permitiese igualar la renta de los valencianos a la media estatal, el PP se conformó con introducir la cláusula Camps, un añadido retórico sin valor efectivo que condenaba a la Comunidad Valenciana a arañar cualquier mejora económica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en competencia con las otras 14 autonomías que forman parte de este órgano.

El PP rechazó el sistema

La última reforma, la de 2009 impulsada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que sigue vigente, ha recortado ligeramente la diferencia que existía con las autonomías mejor financiadas, pero no ha servido para sacar a la Generalitat de los puestos de cola.

La explicación está en que la reforma se planteó para resolver las distorsiones creadas por unos movimientos migratorios sin precedentes —que hizo crecer la población muy rápidamente en algunos territorios como el valenciano— y para tratar de reducir las enormes diferencias de financiación entre regiones.

Sin embargo, Cataluña, que presionó con fuerza durante todo el proceso de negociación, logró introducir las variables suficientes para dejar de estar financiada por debajo de la media. Mecanismos correctores de los que también se beneficiaron Baleares y Madrid, pero no la Comunidad Valenciana que, junto con Murcia, quedó fuera de juego.

Los intentos del entonces consejero de Economía Gerardo Camps por situarse en la negociación a rebufo de Cataluña, e intentar articular una posición conjunta de todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas, acabaron en agua de borrajas. El comité de expertos, creado a instancias del Parlamento, para formular propuestas que ayudasen a fijar la posición valenciana en la negociación se reunió con el nuevo sistema ya fijado. De modo que los técnicos se limitaron a “identificar posibles interpretaciones del acuerdo que mejorasen la financiación”.

Finalmente, el entonces consejero de Economía, Gerardo Camps, optó por abstenerse junto con el resto de consejeros del PP, en el Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera (CPEFF) para no renunciar al aumento de la bolsa de dinero puesto encima de la mesa por el Gobierno. Con el modelo actual, el 75% de los fondos se reparten de manera igualitaria, pero el otro 25% se distribuye mediante fórmulas aleatorias, que el ministro Pedro Solbes no dudó en comparar con un “sudoku”.

El PP rechazó en el Congreso de los Diputados el sistema de financiación actual, pactado entre el Gobierno y las autonomías, por considerarlo injusto. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha colocado la reforma del sistema entre sus prioridades, pese a la reclamación del jefe del Consell, Alberto Fabra.