López Abad pactó con Ortiz el plan Rabassa en una comida

La entrada de Caja Mediterráneo (CAM) en el proyecto urbanístico más ambicioso de la historia de Alicante, el plan Rabassa (13.300 casas), se pactó durante una comida celebrada entre el exdirector general de la entidad, Roberto López Abad, y el impulsor, y a la postre adjudicatario del programa, el promotor Enrique Ortiz.

Según el informe del Banco de España, López Abad pactaba proyectos antes de ser autorizados por los órganos competentes de la entidad e incluso antes de la constitución de las sociedades. Un ejemplo de esa práctica del exdirector general fue el Plan Rabassa, que Ortiz impulsó a través de la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, firma en la que participó finalmente la CAM.

El informe señala que López Abad materializó los compromisos asumidos con Ortiz antes de la constitución de la mercantil e incluso antes de que los “órganos competentes para su aprobación lo hicieran”. “Según información verbal del responsable de participadas, la operación se decidió en una comida con el socio mayoritario Enrique Ortiz”, precisa el documento.

Los supuestos desmanes del exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, no se limitaron a embarcar a la entidad en proyectos urbanísticos de dudosa viabilidad, a relajar las auditorias de la caja desde 2001 o seguir su huida hacia adelante a partir de 2008, cuando se cerró el grifo de la financiación. El informe de los técnicos supervisores del Banco de España apuntan a López Abad como el muñidor de la trama para modificar al alza las retribuciones de los directivos, y en todos los casos de espaldas a la asamblea general de la extinta caja.

El documento del Banco, que incluye una propuesta de expediente disciplinario para un total de 49 directivos y consejeros de la caja, resalta que Roberto López Abad utilizó esas artimañas en beneficio propio. El informe recoge que Roberto López siguió cobrando el salario por el cargo de director general “sin serlo”. El sueldo de López Abad era de 700.000 euros.

López Abad llegó a ese puesto el 16 de febrero de 2001 y dejó el cargo el 10 de diciembre de 2010. Tras su salida, la caja nombró directora general a María Dolores Amorós.

El 18 de enero de 2011 López Abad pasó a ocupar el puesto de director general en el Banco Base, surgido del proceso de fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura. La CAM fue expulsada del SIP a principios de marzo de 2011. López Abad se desvinculó de la CAM el 29 de junio de 2011 al colarse en el ERE de la entidad.

“Tras la ruptura del SIP base, al cesar en el consejo de administración de la entidad central del SIP, el señor López Abad, siguió beneficiándose de las condiciones especiales pactadas, tanto en cuanto a salario (salario de director general, sin serlo) como de acceso a la prejubilación. Al prejubilarse percibió la cantidad de 5,6 millones de euros”, recoge el informe. El documento cuestiona la legalidad de la inclusión de López Abad en el ERE.

Las supuestas irregularidades en el cobro de retribuciones de los mandatarios de la CAM afectan de plano al expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo. El informe refleja que el vendedor de coches ilicitano, que ascendió a la cúspide de la CAM de la mano del expresidente del Consell, Francisco Camps, se embolsó con carácter retroactivo 190.000 euros por la presidencia de una empresa participada de la CAM. Cuando Crespo accedió al cargo, en junio de 2009, se aprestó a asegurar que no exigía un salario. Sin embargo, el empresario sorteó la normativa, y cobraba por la presidencia de una filial de la caja, en total 300.000 euros anuales. Pero no se conformó con eso, sino que añadió otros los 190.000 con carácter retroactivo por los dos últimos trimestres de 2009, pese a que no ocupó el cargo en la filial hasta diciembre de ese año.

El informe del supervisor estatal dedica otro apartado “a las actuaciones particulares del presidente de la Comisión de Control”, Ramón Avilés. Y señala que Avilés realizó “presumiblemente operaciones de ocultación de propiedad, utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades acredita en la caja”. Los técnicos mantienen que la caja refinanció “en condiciones favorables” a la hermana de Avilés una operación que presentaba un riesgo de 14 millones. “Por tanto, el señor Avilés estaba ocultando financiación recibida por la CAM”, señala el informe.

El informe de Banco de España sobre el saqueo de la CAM ha provocado la reacción de la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà. La diputada exige que “se depuren responsabilidades en la Generalitat Valenciana y en aquellos partidos que han permitido, si no alimentado, esa cultura del pelotazo que ha provocado un agujero de 1.100 millones en la CAM”, precisa una nota.