La juez acusa a la Junta de alterar las actas de los Consejos de Gobierno

Polémica reactivada tras cuatro meses de tregua. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha retomado el enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno de la última década. La magistrada quebró el pasado martes el letargo del conflicto con una dura acusación: achacar a la Junta la alteración de las 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010. Esta acción supondría un delito ya que las actas del Gobierno autónomo están bajo custodia y no pueden modificarse. Pese a realizar esta acusación, Alaya no toma ninguna decisión para averiguar quién, según ella, ha cambiado los documentos.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, Alaya se queja del formato en el que la Junta presentó las actas —“se asemeja mucho a un orden del día extraordinariamente abreviado”— y añade: “Habiéndose eliminado de las actas cualquier referencia al contenido de los acuerdos adoptados y asimismo, a los informes verbales o escritos que se hubieran presentado, incumpliéndose lo establecido en el artículo 30.3” de la Ley del Gobierno de la comunidad aprobada en 2006. Este artículo reza que las actas deben recoger la relación de asistentes al Consejo de Gobierno, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

La juez acusa también a la Junta de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo al omitir los informes “sin que se haya justificado fundadamente como así exigía el tribunal”. La extraordinaria acusación fue rebatida de manera tajante por el Ejecutivo: “La Junta reitera que remitió las actas completas que figuran en los archivos, sin ninguna omisión, y certificadas por el funcionario público encargado de las mismas”.

Esta acusación contra la Junta sube varios grados la temperatura porque la primavera pasada Alaya insinuó que el Gobierno podría alterar las actas y exigió que se las enviara en un sobre lacrado, pero en esta ocasión da por hecho que se han modificado. La juez menciona la polémica (“es curioso que haya habido tanta controversia con la entrega de actas”) y a continuación resalta que en Internet ha encontrado más información sobre los Consejos de Gobierno “que el reflejado en las propias actas”, para apoyar su suposición de que las actas han sido alteradas.

La magistrada concluye que dado que el estudio de las actas resulta “extraordinariamente complicado” incluso después de varias lecturas, y dado que la investigación atañe a otras consejerías, además de Empleo, adopta una decisión peculiar: “La única fórmula que a este juzgado se le ocurre” es “dar vista” a las partes personadas “dado que es claro que las actas son públicas”. Es decir, Alaya recurre a las partes (fiscal, Junta, PP y, defensas) para que 48 abogados examinen desde la próxima semana todas las decisiones del Gobierno andaluz de los últimos 10 años, ya que el juzgado sufre una saturación que imposibilita un estudio pormenorizado.

La Junta matizó ayer que ya ofreció a la juez concretar las actas que concernían al caso, para no facilitar abundante material ajeno a la causa: “El Gobierno ofreció en aquel momento aportar certificados de los acuerdos que estuvieran relacionados con el caso, pero se desestimó la propuesta y ahora se comprueba la inoperancia de una petición tan generalizada de documentación”.

Alaya abunda en que Empleo incumplió los controles y límites fijados por la Unión Europea a las subvenciones

En otro auto, Alaya censura el sistema que Empleo utilizó para conceder las subvenciones a empresas, y abunda en que incumplió los controles y límites fijados por la Unión Europea que ya apuntó en su auto del 27 de enero: “No solo podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación (...) sino que podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios”. La “conclusión apriorística” de la juez es que el sistema concedió ayudas por encima del umbral de mínimis (ayudas que no requieren autorización por la Comisión Europea) y se incumplieron las condiciones de publicidad e información para las ayudas que debían ser comunicadas a Bruselas por el Gobierno central. “Incumplimiento que podría generar responsabilidad para España como Estado miembro”, resalta.

De este modo, la juez da 10 días a la Junta para que aporte las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones recibidas por parte de la Junta al respecto.

La magistrada toma esta decisión tras estudiar las alegaciones presentadas por la Junta, que subrayaban que existe un “régimen de exención” para no informar a Bruselas de ciertas ayudas. Alaya discrepa y recuerda al Ejecutivo que el requisito esencial para acogerse a esa exención es que “el Estado miembro haya recibido una solicitud de ayuda del beneficiario”. “Es claro que el acuerdo marco de 2001 no revista este carácter pues todas las ayudas concedidas en virtud del mismo se han otorgado discrecionalmente por la Junta”.

Por otra parte, la juez ha ampliado la investigación sobre las empresas de la Sierra Norte que concentraron ayudas millonarias, y ordena a la Guardia Civil que investigue a otros grupos empresariales como las cinco “empresas de refractarios” y las siete sociedades vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, cuya imputación ha pedido el propio Ejecutivo.

Las firmas del sector del corcho participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla recibieron 7,8 millones de euros

Las firmas del sector del corcho participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla recibieron 7,8 millones de euros. Al analizar las sociedades, la juez subraya un indicio delictivo: “En total esta sociedad ha recibido un total de tres millones y a pesar de las ayudas recibidas, se suceden sucesivas reducciones de capital por acumulación de pérdidas hasta llegar a 0 euros y fijado por último en 100.000 euros por la aportación de una empresa portuguesa”. Alaya ordena a los agentes analizar alrededor de otras 40 sociedades beneficiadas en la Sierra Norte sevillana.

La juez también pide auxilio a la Intervención General del Estado ante la ingente información que acumula. Los técnicos realizarán una práctica pericial contable para examinar el dinero recibido por varias consejerías desde la agencia Idea, así como “el circuito” para abonar las comisiones y honorarios de las consultoras y despachos de abogados.

También insta a los técnicos del Gobierno central a analizar los pagos cruzados de Empleo y si las ayudas a ERE “encubrirían verdaderas ayudas a empresas”, y pide a la Agencia Tributaria que designe más funcionarios para las pesquisas. Por último, exige a la Junta que detalle todas las personas que han trabajado en la Dirección General de Trabajo y de los interventores de la Junta en Empleo.

Alaya ha asumido la investigación de la supuesta malversación de del exchófer de Javier Guerrero, que declaró haber gastado dinero de los ERE en cocaína y fiestas.