Brigadistas amenazan con 1.000 denuncias al comienzo de verano

Los brigadistas que la empresa pública Seaga suele contratar cada verano como refuerzo en la lucha contra los incendios amenazan con una oleada de denuncias, más de 1.000, al comienzo de verano por un tipo de contratación que el Tribunal Supremo ya ha censurado. Desde 2007, en época de máximo riesgo la Xunta completa su dispositivo antiincendio con más de 2.000 trabajadores contratados de forma temporal por un sistema de listas. Dos centenares de estos brigadistas ya han denunciado por despido improcedente amparados por varias sentencias del Supremo que considera irregular que se les contrate de forma temporal. El tribunal considera que debería hacerse “por tiempo indefinido de carácter discontinuo” ya que la empresa, que depende de la Consellería de Medio Rural, realiza de forma “anual y cíclica en años sucesivos” las labores de extinción.

La decisión del Supremo, sin embargo, no especifica durante cuanto tiempo debe extenderse el carácter indefinido el contrato, lo que abre un nuevo caballo de batalla para la central sindical CIG. “En los juzgados ya conseguimos lo que teníamos que conseguir. Si pueden tenernos trabajando solo un mes, vamos a trabajar solo un mes”. El secretario nacional de Servizos, Paulo Rubido, coordinó ayer una asamblea de un centenar de brigadistas en la que decidieron una primera de presión para “mejorar los salarios y los tiempos de trabajo”: ocupar las bases helitransportadas.

A continuación, caminaron hasta San Caetano para concentrarse delante de la Consellería de Medio Rural e Mar. Allí corearon lemas como Feijóo, escoita, Seaga está en loita, lanzaron petardos y botes de humos al interior de las instalaciones de la Xunta, en cuyos alrededores han coincidido con la protesta de unos 2.000 empleados públicos, a los que se han sumado, informa Europa Press.

“No está confirmado que la campaña la vaya a hacer Seaga”. Con esa premisa en la mente, los brigadistas consideraron también la opción de que la Xunta prescinda de la empresa pública en el verano y contrate a una privada. “No hay muchas empresas que tengan la capacidad técnica para hacerlo y si sale mal, puede tener un alto coste político”, apuntó Rubido. En todo caso, la opción sería pedir la subrrogación de los trabajadores, indicó.