La patronal pide la supresión de las Diputaciones e implantar el copago

La patronal, siempre tan políticamente correcta, se ha descolgado en los últimos tiempos con propuestas abiertamente neoliberales que remueven en la silla incluso a conservadores moderados. En menos de un mes, el Círculo de Empresarios primero (pidió que la Universidad “deje de ser gratuita”) y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ahora, han trasladado al Gobierno autonómico sus alternativas para “salir de la crisis”.

El organismo que preside Antonio Fontenla propuso ayer a Alberto Núñez Feijóo 140 medidas, muchas de ellas para adelgazar el Estado en favor del sector privado. “Hay que reflexionar sobre la supresión de servicios públicos prescindibles o la privatización de aquellos que acarreen un coste desproporcionado para las cuentas públicas. Promover una mayor participación, a través de concesiones, para que el sector privado realice servicios públicos. Mantener las fórmulas de cooperación público-privada más allá del 2011”. Son tres ejemplos (hay muchos más) sobre las alternativas de los empresarios para la reforma de la Administración, que deben pivotar, según ellos, en “el control de gastos priorizando, en la medida de lo posible, los productivos sobre los corrientes, y no en los ingresos para evitar el aumento de un ya elevado esfuerzo fiscal”. Lo que no detalla el documento, de 20 folios, es qué servicios públicos habría que eliminar.

Fontenla considera “imprudente”, la huelga general convocada por CIG

La CEG también apuesta por suprimir las diputaciones, pero vaciándolas de competencias. “Hay que reconsiderar el papel de las diputaciones, valorando la posibilidad de integrar sus servicios dentro de los correspondientes departamentos de la Xunta, incluidos los de recaudación e inspección tributaria”. Con esta idea no habría que modificar la Constitución, dicen los expertos, para prescindir de los entes que, sobre el papel, son agentes de reequilibro territorial y ayudan a los municipios que no pueden asumir todas sus competencias. Para ellos la CEG también aporta recetas: propone “estudiar alternativas”, a la pervivencia de los que tienen una población inferior a 4.000 habitantes. Más eufemística se muestra la patronal cuando plantea el copago que, en sus palabras, es “la introducción de mecanismos moderadores de la demanda, a través de la participación de los usuarios, en los servicios públicos congestionados”.

Antonio Fontenla, que consideró ayer “inadecuada e imprudente” la convocatoria de una huelga general por parte de la CIG, también presentó a Feijóo una propuesta para “regular el derecho de huelga, fundamentalmente en los servicios esenciales”, de modo que se garantice el “cumplimiento por parte de la Administración de las funciones encomendadas en materia de orden público y convivencia en las jornadas de huelga”.

Los empresarios piden privatizar servicios que sean costosos

En material laboral, sus reivindicaciones están encabezadas por la eliminación y simplificación de los contratos (y bajada de las indemnizaciones por despido); un pacto de moderación salarial; desvincular los sueldos al incremento del IPC; “modernizar la negociación colectiva” o facilitar la posibilidad de que el empresario se “descuelgue”, del convenio. En materia de fiscalidad, una de las iniciativas que más repite la patronal es que se ponga fin a la morosidad de las administraciones públicas, lo que se conseguiría haciendo cumplir las leyes en vigor.

El suelo industrial, tan reclamado antes del estallido de la crisis, es ahora un bien infrautilizado en muchos parques. El equipo que elaboró las propuestas de la CEG propone que la Xunta “dé espacio en los órganos de decisión de los promotores públicos a representantes de organizaciones empresariales para poder aportar su experiencia en la gestión y evolución de los parques ya creados”.

En el marco de todas las demandas citadas anteriormente se solicitan bajadas generalizadas de impuestos, exenciones para casos concretos (como la I+D), y simplificar las cerca de “8.000 normas que regulan la actividad económica”, que a menudo “se solapan en las distintas administraciones”.