Los consejos comarcales, en vilo

“Hay que poner sobre la mesa si todos los consejos comarcales están hoy justificados y si deben prestar o no los mismos servicios", planteó hace unos días la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Con esta premisa, la Generalitat planea una amplia y ambiciosa reforma de las entidades locales que busca definir las competencias de Ayuntamientos y consejos comarcales para evitar duplicidades.

La medida más vistosa podría ser la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès, una pretensión que la Generalitat ha insinuado en más de una ocasión, pero por extensión podrían verse afectados otros que comparten servicios parcialmente con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como los del Maresme, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental.

Los consejos comarcales se muestran dispuestos a reorientar estos organismos, pero se oponen a su supresión, especialmente los de zonas rurales, que reivindican su papel a la hora de ofrecer servicios compartidos para los municipios pequeños, que de otra forma no disfrutarían de ellos.

Sus defensores reivindican el papel de ayuda a pueblos pequeños

En Cataluña existen 41 consejos comarcales, que cuentan con un presupuesto global de 580 millones de euros para este año, de los cuales 550 se destinan a cubrir los servicios que ofrecen: transporte escolar, becas de comedor, gestión de residuos, asistencia técnica especializada a los Ayuntamientos, etcétera.

El papel de los consejos comarcales en el futuro ha saltado a la palestra en los últimos meses, al mismo tiempo que se replantea la necesidad de tener tantos niveles de administración (Ayuntamientos, consejos, diputaciones y Generalitat, además de la AMB en la conurbación barcelonesa). La Generalitat está empezando a dar forma a la nueva Ley de Gobiernos Locales y Haciendas Locales, que podría estar lista en verano, con el objetivo de “reducir el modelo de las Administraciones a su justa dimensión”, apuntó Ortega el pasado miércoles, en el marco del foro comarcal organizado por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) en Girona.

Las 41 entidades locales manejan 580 millones de presupuesto

En concreto, la vicepresidenta planteó “dimensionar” los consejos comarcales, los únicos en los que la Generalitat puede intervenir, ya que las diputaciones dependen del Estado. Para el presidente de la ACM, Miquel Buch, la pregunta clave no es si se deben suprimir consejos, sino qué servicios y competencias debe ofrecer cada uno.

Buch pone el acento especialmente en el papel de asistencia de estos organismos, que permite que los municipios más pequeños puedan, por ejemplo, disponer de técnico en medio ambiente o arquitecto. En una reflexión publicada el viernes en su web, Buch recuerda que de los 947 municipios catalanes, más de la mitad tienen menos de 1.000 habitantes. “¿Pueden municipios como Llorac (107 habitantes) o Solivella (678) ofrecer servicios en políticas activas de ocupación?”, se pregunta el dirigente municipalista en su espacio digital, y responde que esta prestación la cubre el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà (a la que pertenecen ambas poblaciones), que dispone de un vivero local de empresas. Los consejos comarcales no se cierran a plantearse su reforma, pero coinciden en apuntar que el debate debe estar acompañado de un estudio profundo y riguroso del territorio, y exigen que no se les mida a todos por el mismo rasero. “No son iguales las necesidades y los servicios del área metropolitana que los de áreas rurales o el Pirineo”, reivindica Joan Ubach, presidente del Consejo Comarcal del Pallars Jussà, quien rechaza que se produzcan duplicidades de competencias. Joan Ubach considera que las duplicidades de competencias “en las zonas metropolitanas sí se dan, pero no en los consejos con municipios pequeños”.