Se acabaron los problemas de los chiringuitos

La reforma de la Ley de Costas que prepara el Gobierno será más permisiva con las concesiones de ocupación y uso del litoral y procurará dar solución a los problemas jurídicos que ahora tienen algunos de los concesionarios, y de forma muy especial los chiringuitos, según ha informado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. En una multitudinaria reunión en Torremolinos a la que han asistido unos 300 representantes del sector, el número dos del ministerio que dirige Miguel Arias Cañete ha anunciado que "no habrá rigidez" y que se abordará la reforma con "flexibilidad" para dar respuesta a las "complicaciones" que ha generado la aplicación de una ley aprobada hace 25 años y a las inquietudes que ha oído y de las que ha asegurado haber tomado buena nota. El objetivo, ha insistido es "dar seguridad" a los empresarios de un sector que es "motor económico y generador de empleo", para que "puedan hacer inversiones y ser competitivos".

Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, aseguró que así "se pone fin a la operación de acoso y derribo a los chiringuitos. "Los ciudadanos", dijo, "no están al servicio de los planes urbanísticos, sino que al revés, son los planes urbanísticos los que tienen que estar al servicio de los ciudadanos; y hay que preocuparse de la preservación de todas las especies, pero sin olvidarse de la especie humana".

El secretario de Estado ha recalcado que el litoral ofrece importantes valores medioambientales que proteger, pero también económicos, y que son necesariamente compatibles. "La variable económica es clave para el desarrollo sostenible, porque si no hay viabilidad, no hay desarrollo", ha explicado. Ramos ha insistido en que la reforma de la ley de costas que se tramitará por el procedimiento ordinario se va a abordar con diálogo y colaboración con todos los agentes implicados, y "avanzar en la colaboración más que en mecanismos sancionadores y restricciones". El secretario de Estado ha avanzado que el Gobierno tratará de comprometer a los propios empresarios en la conservación del litoral y les ofrecerá un "acuerdo con una reglas de buenas prácticas de adhesión voluntaria".