El Gobierno rebaja en 600.000 euros los sueldos de Castellano y de su número dos

El Gobierno ha decidido rebajar  600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han sido intervenidas por el Estado -caso de Novagalicia Banco, en la que el FROB entró controlando el 93% del capital-, según anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos. En el caso de las cajas y bancos que han recibido ayuda del FROB, pero en las que no ha entrado en su capital, la rebaja en el sueldo será de 300.000 euros.

El presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, percibe 899.290 euros al año, mientras el consejero delegado, César González Bueno, recibe 891.180 euros anuales, según hizo público a finales de diciembre de 2011, a requerimiento del Gobierno central, entidad financiera. Por lo que sus sueldos rondarán los 300.000 a partir del momento en que se apruebe la norma.

El Ejecutivo estatal ha establecido un límite a los sueldos de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.

Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dió 'luz verde' a la reforma del sector financiero que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros.

Estas limitaciones serán aplicables tanto a las entidades beneficiarias de créditos del FROB a un tipo de interés del 7,75%, lo que incluye a las cajas que se integraron en grupos más grandes, y las inyecciones de capital que han derivado en la intervención de las entidades.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".

Asimismo, el Gobierno ha acordado simplificar las estructuras de cajas de ahorros que no tengan actividad de crédito, por lo que éstas quedan limitadas a la asamblea general y al consejo de administración, con el fin de reducir los costes en las entidades.