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Feijóo activa un plan de pisos a precio tasado sin compromisos financieros

Las entidades facilitarán los créditos “dentro de su evaluación de riesgos” Los precios del metro cuadrado oscilan entre 985 y 1.773 euros Los ayuntamientos que se adhieran renunciarán al 40% del IBI

Feijóo, en el centro, con el resto de los firmantes del programa de vivienda.
Feijóo, en el centro, con el resto de los firmantes del programa de vivienda.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmó ayer con promotores inmobiliarios, la federación de municipios (Fegamp) y dos entidades financieras un programa para facilitar el acceso a la bolsa de viviendas nuevas y libres a un precio similar al de protección. En Galicia, según el Gobierno gallego, existen 32.000 casas vacías que los promotores no consiguen vender, de las que 4.500 se pretenden movilizar en los próximos tres años. El plan, que figuraba en el programa electoral del PP, es un calco del que fracasó en la Comunidad de Madrid, que en su primer año logró apenas 100 ventas de las 25.000 previstas.

En el caso de Galicia, los promotores se comprometen a vender las viviendas a unos precios que varían según el municipio, con valores máximos que oscilan entre 1.773 euros y 985. Los ayuntamientos que se adhieran, mientras, concederán una bonificación del 40% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante cuatro años. Los compromisos son mucho menores en el caso de las entidades financieras. De momento, solo Novagalicia Banco y Caja Rural se han sumado al convenio.

En concreto, los compromisos para desatascar las cañerías del crédito son cuatro. Novagalicia, Caja Rural y las entidades que se puedan sumar apoyarán las medidas de difusión de la bolsa y facilitarán la financiación “dentro de su evaluación de criterios de riesgo”. Además, suprimirán las comisiones de estudio y de apertura por el préstamo, “excepto en el supuesto de especiales condiciones de financiación”, y permitirán la amortización anticipada total o parcial “de acuerdo con la entidad de crédito”.

El plan es un calco del que fracasó en Madrid

Los compradores estarán exentos de gastos de notario y registro de la propiedad, que correrán a cargo de los promotores, y del citado 40% del IBI durante los cuatro primeros años, al que renunciarán los ayuntamientos adheridos, de momento ninguno. El Gobierno gallego, mientras, se compromete a participar a través de la Xunta Arbitral de Consumo para que particulares y promotores resuelvan los conflictos que puedan surgir.

Feijóo citó como objetivos del programa “paliar las dificultades” para el acceso de los gallegos a la vivienda y “dinamizar el sector” de la construcción e inmobiliario, que hasta hace pocos años generaba millones de euros de ingresos para las arcas públicas. El programa está destinado tanto a la venta como al alquiler con opción de compra, que se podrá ejercitar durante los cinco primeros años del alquiler. En ese caso, se descontará entre el 30% y el 40% de las cantidades aportadas por el inquilino.

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Feijóo presentó el programa en el Pazo de Raxoi, acompañado del presidente de la federación de los promotores de Galicia, Javier Garrido; del presidente de la Fegamp, José Manuel Rey, de los conselleiros de Territorio, Agustín Hernández, y Economía, Javier Guerra; del consejero delegado de Novagalicia, César González Bueno, y del director general de Caixa Rural, Jesús Antonio Méndez. El representante de los promotores fue el más entusiasta de todos ellos. “Al fin una Administración ejecuta lo que hemos pedido en reiteradas ocasiones, este es el camino”, agradeció Garrido.

En su intervención, Feijóo anunció la aprobación por el Consello de la Xunta las próximas semanas de la nueva Lei de Vivenda, que entre otras disposiciones rebajará el plazo de las viviendas de protección de los 30 años actuales a períodos de entre 15 y 25 años. Según la consellería de Territorio, el cambio se debe a que los precios de la vivienda libre en las zonas rurales y pequeñas villas están “prácticamente equiparados” a los de las protegidas. El anteproyecto también facilita el cambio de calificación de vivienda protegida a libre y establece la diferenciación entre las de promoción pública y de promoción privada.

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