Thais de Picaza: “Algunos políticos me reclamaron deudas inexistentes”

Han trascurrido 13 años desde que se cometieron los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental en la venta de la constructora Grupo Malvar por los que Thais de Picaza, la viuda del que fuera propietario de la empresa y constructor de Pontevedra José Malvar, se sentó ayer en el banquillo. El tiempo ha corrido a su favor. Aunque en un principio se planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscalía, finalmente se celebró la vista oral por falta de entendimiento con la Agencia Tributaria en el pago de las cuantías reclamadas ante las que Thais de Picaza se ha declarado insolvente.

 El fiscal de delitos económicos Augusto Santaló rechazó la prescripción de los delitos que alegó la defensa pero sí admitió retrasos indebidos en el proceso que se inició en 2004 en un juzgado de Marín, por lo que rebajó la condena y libró a la acusada de cumplir pena de cárcel al carecer de antecedentes penales.

De cuatro años de prisión, el ministerio público pidió un año y 10 meses de prisión para la viuda de Malvar por ambos delitos y aunque mantuvo el importe de 706.000 euros de la indemnización también rebajó la multa de un millón a medio. La empresaria pontevedresa, cuya defensa fue ejercida por el mediático letrado Javier Saavedra, se declaró inocente en la venta supuestamente fraudulenta de la constructora y afirmó que la dejaron al margen de la operación: “Me arrinconaron unos señores que lo diseñaron todo”. Insistió en que desconocía la existencia de facturas falsas: “Lo mío con las letras y no los números”, declaró.

Picaza culpó a su asesor fiscal de todas las infracciones penales cometidas en la venta de las acciones del Grupo Malvar a Obrascon Huarte Laín (OHL). “Yo no estaba al corriente de la contabilidad y mi intención nunca fue defraudar sino salvar mi empresa, pero nadie me informó de que hubiese problemas con Hacienda”, aseguró ante el juez. La heredera de una de las firmas más potentes de la provincia en los setenta dijo que fue víctima de una injusticia y del engaño de algunos políticos. “Lo perdí todo porque puse mi patrimonio para salvar la empresa y algunos políticos me reclamaron deudas que no existían”, se lamentó Picaza. Sin embargo, los asesores fiscales que trabajaron para la empresaria Thais de Picaza declararon ayer en la primera jornada del juicio que se habían limitado a llevar la contabilidad sobre las facturas que recibían de la acusada relativas a la empresa San Cucufato, SL, una firma que fue creada por Picaza y a través de la cual se realizó la venta de la constructora Malvar. Los asesores afirmaron también que ella sí estaba al tanto de las operaciones que se realizaban.

 La inspectora de Hacienda responsable de la investigación declaró que Thais de Picaza llevó el Grupo Malvar a la quiebra como administradora de la empresa y que no detectó que hubiese otra persona que le impusiese a la acusada sus decisiones.

Las empresas José Malvar Construcciones, SA y Maquinaria de Pontevedra, SL formaron con otras el denominado Grupo Malvar. Estas empresas sufrieron problemas económicos a raíz del fallecimiento en 1992 del fundador del grupo, José Malvar Figueroa. Tras la muerte de Malvar, las sociedades quedaron bajo el control de su última esposa y acusada en este proceso judicial, Thais de Picaza Mejías.

Ante las dificultades económicas del grupo, la viuda de José Malvar inició contactos con la empresa Obrascom Huarte Laín (OHL) para negociar la venta de la empresa. OHL exigió a Picaza, al menos, la parcial capitalización de José Malvar Construcciones, sociedad a la que se le debían vender determinados inmuebles por importe de 1,3 millones de euros.

La transmisión de terrenos a José Malvar Construcciones, SA se realizó por importe de 1,6 millones de euros y la venta del piso de Madrid por 734.677 euros. Pero para eliminar en tributaciones estos beneficios se contabilizaron gastos y pérdidas. Así, presuntamente se simularon obras realizadas y también la compra de maquinaria por 1,3 millones.

Según Hacienda, se hicieron constar como pérdidas lo que había sido pactado entre Thais de Picaza y la empresa OHL. Esta operación consistió en realidad en la entrega de bienes de la sociedad patrimonial creada por Picaza, San Cucufato, a Construcciones Malvar a cambio de sus acciones, realizando la transmisión a OHL al precio simbólico de una peseta.

Para el ministerio fiscal el negocio realmente efectuado fue una donación patrimonial de San Cucufato a OHL, por lo que no procede declarar ninguna pérdida derivada de la misma sino todo lo contrario, ya que se produce un negocio oneroso entre Thais de Picaza y OHL por el que no se tributó a Hacienda. La venta del grupo Malvar constituye para la acusación un delito fiscal relativo al impuesto de sociedades y otro de falsedad en los documentos mercantiles.