Silencio del Puerto de Vigo sobre el gasto sin justificar de su fundación

De la verbigracia a la verborrea, hasta llegar a la negativa explícita a responder a una pregunta elemental de EL PAÍS: ¿Está activa o en funcionamiento la Fundación Puerto de Vigo, es usted su presidente? Ignacio López-Chaves, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) y, teóricamente, de la fundación, se negó a responder. No era, dijo, asunto que correspondiera a la convocatoria de esta mañana, comunicada en estos términos: “El Presidente de la APV, Ignacio López-Chaves, comparecerá en rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad”.

El único asunto en el que se extendió López-Chaves, con verbigracia y verborrea, fue a la relegación en la Unión Europea del puerto de Vigo como puerto complementario del de A Coruña, cuando debe serlo principal. La culpa, según él, es del anterior Ministerio de Fomento, que dirigía el socialista José Blanco, que actuó con harta desidia en la defensa del puerto vigués, lo cual está en disposición de corregir la actual ministra, Ana Pastor, que reclamará ante el Parlamento Europeo la catalogación de Vigo como puerto principal de la red transeuropea de transporte. En las alforjas de este viaje informativo no había sitio para más.

La negativa explícita del presidente portuario vigués a responder a nada relativo a la fundación (FPV) deja pues latente, sin la menor explicación, un aspecto tan relevante como si a día de hoy la propia FPV existe –“La fundación tiene carácter permanente y su duración será indefinida”, dicen sus estatutos-- o ya se disolvió después de fundir al menos, en un año, alrededor de 500.000 euros de caudales públicos –los registros de unos y otros departamentos de las Administraciones contribuyentes son contradictorios, por lo que podrían ser más- y la dotación inicial de su patrimonio (220.000 euros) pese a estar “afectado de modo duradero a la realización de los fines de interés general propios de la institución”.

La que fue sede la FPV está cerrada y en alquiler, no hay interlocutor que aclare cuál es su situación actual

EL PAÍS está tratando de aclarar las cuentas de la FPV desde julio del año pasado y, desde hace tres semanas, las correspondientes al ejercicio de 2010, que la FPV presentó en junio de 2011 ante la Consellería de Presidencia, que ejerce su protectorado y que ahora las ha dado a conocer por imperativo legal. La que fue sede la FPV está cerrada y en alquiler, pero en la entrada mantenía una nota en la que anunciaba el traslado de sus oficinas y una dirección de correo electrónico para facilitar la comunicación de cualquier asunto. La nota desapareció al día siguiente de solicitar este periódico, a la citada dirección electrónica, un interlocutor para aclarar y comentar las cuentas presentadas.

Tampoco, desde entonces, ha querido López-Chaves confirmar o desmentir la actividad o disolución de la FPV ni su misma presidencia de la misma. En este sentido, su actitud de cerrarse en banda esta mañana es coherente, por más que contradictoria con sus actuaciones como parlamentario de la oposición a la Xunta bipartita, sea su contumacia fotocopiadora de expedientes, hasta amenazar una ruina del Parlamento, o aquel “derroche” de la Consellería de Cultura en La Habana que concretaba en 400 mojitos. La FPV está hurtando ahora cuentas mucho más sustanciosas.

Destinó 318.955 euros a “aprovisionamientos” improbables o, desde luego, por ahora no probados

Constituida en abril de 2010, la FPV cerró ese ejercicio con unos ingresos de 494.806 euros, de los que 318.955 se destinaron a “aprovisionamientos” improbables o, desde luego, por ahora no probados y contradictorios con otras partidas del propio registro contable de la FPV. A su vez, se registran 269.676 euros de ingresos por “subvenciones, donaciones y legados de explotación” que la cuenta no detalla o, en lo que detalla, también se contradice con otros registros oficiales. Queda claro, no obstante, que en los ocho meses y medio de ese ejercicio la FPV pignoró 190.000 euros de su dotación inicial –a la que la Autoridad Portuaria de Vigo aportó 60.000 y 75.000 las dos cajas de ahorro, en cuyo capital se han inyectado 3.500 millones de fondos públicos—y un crédito de 53.457 euros.

La guinda de ese desbarajuste, en el apogeo de la crisis y de la política de austeridad de la Xunta –que canalizó fondos a través del Igape, el Xacobeo y la Consellería de Traballo- la pone el desvío de más de 110.000 euros –de los 115.860 recaudados en un festival benéfico-, que se anunciaron destinados a dos ONG, de las que solo una recibió algo más de 3.000, lo cual viene a ser como saquear la hucha del Domund pero más a lo grande.

Se quedó con más de 110.000 euros destinados a dos organizaciones de ayuda humanitaria

Nadie, ni dentro ni fuera de la FPV –si es que dentro hay alguien- se presta a aclarar o a exigir aclaración de esas cuentas, pese a lo que socialmente se araña en otras al amparo de la crisis. El último acto conocido de la FPV, en septiembre pasado, fue en los juzgados, por una demanda de despido que aún sustancia el Tribunal Superior de Galicia y en la que se ventila el reconocimiento o denegación de una reclamación de 570.000 euros.

En ese juicio Corina Porro, ya presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, compareció como presidenta de la FPV, pese a ser citada en la demanda como mero testigo y señalar la sentencia subsiguiente que presidía la fundación “en tanto que presidenta de la Autoridad Portuaria”, cargo que ostentaba desde meses antes Ignacio López-Chaves, que con este fundamento sería el actual presidente de la FPV aunque se niegue a confirmarlo.