La Junta expedienta a un cargo del PP por sustraer documentos de los ERE

Un posible caso de espionaje político se suma a la maraña de los ERE fraudulentos que sacude la vida pública andaluza. La Junta ha expedientado al directivo de la agencia autonómica Idea en excedencia Manuel Blanco por la sustracción, entre junio y julio de 2011, de documentos relativos a los ERE. La información sensible, que consistía en las actas del Consejo Rector de Idea —agencia pagadora de los ERE irregulares— entre 2000 y 2010 fue exhibida en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz. En julio de 2011, Blanco solicitó la excedencia como directivo del ente empresarial autonómico. Dos meses después, el pasado septiembre, el supuesto filtrador de los documentos fue designado director de Mercasevilla, empresa municipal controlada por el PP.

“[Manuel Blanco] habría procedido —de manera grave y culpable e incumpliendo tajantemente las órdenes e instrucciones de la agencia amén de sus obligaciones de confidencialidad—- a realizar una copia y por ende sustraer dicha documentación incorporada a la carpeta Actas de Consejo Rector 2000-2010”, concluye el informe elaborado tras el hurto de documentos y que ayer se notificó tanto al propio Blanco como al comité de empresa de la agencia.

El número dos del PP andaluz exhibió la copia de las actas secretas ante los medios el pasado 26 de septiembre. Las actas robadas sirvieron a Sanz para acusar al exconsejero de Empleo y secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, de otorgar hasta 55 ayudas por 38 millones de euros a “empresas amigas” y ayuntamientos del PSOE.

La sucesión de hechos es la siguiente, según la investigación: Después de seis meses de instrucción judicial del caso de los ERE, el pasado 20 de junio el directivo de Administración y Finanzas de la agencia Idea Manuel Blanco copió desde un servidor común a su ordenador 114 ficheros pdf incluidos en la carpeta “ERE IDEA” con las actas del consejo rector de IDEA “originales, definitivas y firmadas” entre 2000 y 2010.

Blanco era una de las siete personas con acceso exclusivo a las actas secretas de la agencia Idea

La Agencia había creado un equipo interno de trabajo compuesto por “cinco empleados de máxima confianza” para coordinar el asunto de los ERE, entre los que se encontraba Blanco. Solo esos cinco empleados y dos informáticos tuvieron acceso a dicha carpeta con diez subcarpetas incluidas en un servidor de acceso restringido. Los investigadores revisaron uno a uno los equipos informáticos de estas siete personas hasta que saltó el eureka. El ordenador de uso exclusivo de Blanco contenía rastro del copiado de la información confidencial que traspasó a una memoria USB con serie A4AD5531 el 14 de julio.

Al día siguiente de haber trasladado la información confidencial de Idea desde su ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo, Blanco trató de borrar cualquier huella de su actuación. “El 15 de julio de 2011, concretamente a las 8.10, procedió a eliminar en el equipo informático (…) la carpeta”. A pesar de la eliminación, los técnicos lograron recuperar el pasado otoño 63 de los 114 ficheros.

Blanco, responsable de Recursos Humanos en Idea durante una etapa, pasó a la excedencia el 29 de julio de 2011 y devolvió su ordenador después de haber borrado información propiedad de la agencia Idea. El 18 de julio a las 10.37 eliminó también una gran cantidad de mensajes de su correo electrónico.

Las actas sirvieron a Sanz para acusar a Viera de conceder ayudas a "empresas amigas"

Tras el mes de vacaciones, a principios de septiembre el Ayuntamiento de Sevilla designó a Blanco como nuevo director de Mercasevilla, la empresa que originó el caso y cuya cúpula anterior está procesada por supuesta corrupción. El lunes 26 de septiembre el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, mostró en rueda de prensa copia de las actas originales de la agencia Idea en las que figuraba la firma del exconsejero de Empleo y secretario general de los socialistas sevillanos José Antonio Viera, para demostrar cómo este había firmado 55 ayudas concedidas a “empresas amigas” y Ayuntamientos del PSOE por 38 millones.

Al día siguiente, la diputada del PP Patricia del Pozo requirió formalmente a la presidenta del Parlamento copia de todas las actas de los acuerdos del consejo rector de Idea de la última década. La comisión que evaluó la petición del PP dictaminó en los días sucesivos rechazar la petición de información al no estar fundamentada. Finalmente, el 7 de octubre el director general de Idea, Antonio Valverde, ordenó investigar la fuga de documentos reservados desde el organismo. El resultado de la investigación cierra el círculo en torno a Blanco.

“Procedió a eliminar/borrar multitud de información del equipo informático puesto a su disposición para la prestación de servicios profesionales como herramienta de trabajo, y propiedad de la agencia —sin consentimiento alguno de la misma—”, subraya el informe de Economía. Ahora Blanco dispone de 10 días para presentar ante la instructora del expediente las alegaciones a la previsible sanción que puede costarle el puesto en la agencia. Por último, la dirección general de Idea decidirá sobre la sanción a Blanco.

Fuentes de Economía rechazaron ayer pronunciarse sobre esta investigación mientras el procedimiento sancionador esté abierto. De todos modos, es previsible que la Junta acuda a los tribunales y denuncie la sustracción de documentos dada la entidad de las pruebas halladas contra Blanco.

El directivo ha incumplido supuestamente la normativa interna de Idea, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y dos artículos del manual de comportamiento de los empleados públicos.

La fuga de información ya fue mencionada el pasado jueves por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, pero esta vez desde la Consejería de Empleo, de donde aseguró (sin aportar pruebas) que se habían sustraído documentos de los expedientes de los ERE.

La versión telefilme del caso de los ERE (despilfarro en cocaína y fiestas, oscuras alianzas entre imputados, intrigas de partidos políticos en precampaña) alcanzará con este episodio otro pico de audiencia. Y lo que a Lisbeth Salander de la saga Millenium le hubiera costado una tarde en descifrar, los técnicos al servicio de la Junta han tardado cerca de cuatro meses, pero el resultado a simple vista parece intachable. Está por ver si tras el análisis de la investigación por parte del Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP), este cesa a su alto cargo acusado de una sustracción ilegal o mira para otro lado al abrigo del ruido mediático del escándalo de los ERE.