EL JUICIO DEL 'CASO MALAYA'

El promotor Fidel San Román admite que pagó tres millones a Roca

El empresario abonó las cantidades a cambio de licencias de ocupación de sus viviendas

Fidel San Román y Juan Antonio Roca
Fidel San Román y Juan Antonio Roca

El constructor Fidel San Román ha ratificado hoy, uno por uno, todos los pagos al cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, de los que le acusa la Fiscalía. Los abonos, que suman 3,08 millones de euros, fueron realizados siempre a cambio de la concesión de licencias de primera ocupación de sus promociones. La declaración de San Román, de 72 años, ha sido el plato fuerte de la sesión de hoy del juicio del caso Malaya. El promotor ha sido absolutamente contundente en sus respuestas al fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

“Cuando las viviendas estaban ya para entregar a los compradores, nos dicen desde el Ayuntamiento que hace falta el dinero, y que, si no, eso no sale adelante”, ha afirmado en relación al permiso de primera ocupación para una promoción de 800 apartamentos. Según él, sólo en 2005 pagó a Roca, más de tres millones de euros en “dinero físico, blanco y sacado de las cuentas de la empresa”. Los pagos se efectuaban normalmente en las oficinas de Roca en Marbella y otras veces en Madrid, ha relatado San Román.

La declaración del promotor desmonta en parte con lo manifestado por Roca a lo largo del juicio. El exasesor urbanístico marbellí admitió que recibió pagos de San Román, así como de los dueños de Aifos y de Construcciones Salamanca, pero que lo hizo no a cambio de resoluciones urbanísticas favorables, sino por “trabajos de asesoramiento”. “En mi empresa nunca ha habido asesores externos, somos una empresa familiar”, ha asegurado San Román, que ha llevado, entre otros negocios, la explotación de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

Ahora, el promotor, que pasó 18 días en prisión tras su arresto en la segunda fase de la Operación Malaya en julio de 2006, se presenta más bien como víctima de un chantaje: “Todas las entregas de dinero han sido en 2005, cuando se solicitan las licencias de primera ocupación”. Según él, después de que los propietarios de los apartamentos le hubieran pagado por sus viviendas, no pagar y arriesgarse a ser llevado a los tribunales era una especie de suicidio empresarial: “O accedía [a pagar a Roca por la licencia] o me colgaba de la soga (...) Sabía que hacía algo mal pero no tenía otra opción", ha afirmado San Román, para quien el fiscal reclama nueve años de cárcel y multas de 48 millones de euros por cohecho y blanqueo.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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