Un escándalo de corrupción convertido en arma electoral

Nadie podía sospechar que el consejo de un alto cargo de la Junta a dos empresarios hoteleros para que grabaran una conversación sobre un intento de soborno hace tres años podía desembocar en el mayor quebradero de cabeza del propio Gobierno andaluz. Pero así ha sido. La conversación estaba protagonizada por la cúpula de la empresa Mercasevilla que supuestamente pidió una comisión ilegal de 450.000 euros. Y esto devino en el caso Mercasevilla, y hace un año este mutó en el caso de los ERE, la munición más utilizada por el PP en la precampaña.

El escándalo minó durante un tiempo al gobierno municipal del PSOE en Sevilla, pero en este final de legislatura los ataques del PP respaldados por los autos de la juez del caso, Mercedes Alaya, han desgastado seriamente al Ejecutivo. Los populares tienen cogida la sartén por el mango, marcan los tiempos, y esa iniciativa hace que la Junta esté a la defensiva ante los nuevos datos que los investigadores aportan a la instrucción judicial. Porque a pesar de que ambas partes están personadas, casi todos los datos benefician la estrategia del “escándalo monumental” que impulsa el PP.

Un dato revela la magnitud del fraude: la Guardia Civil solo ha analizado cuatro empresas y el caso ya acumula 48 imputados. En total, los agentes examinarán más de 200 empresas que resultaron subvencionadas por ERE o ayudas directas. Y la multiplicación para dar con el número final de imputados produce vértigo.

Al margen del lado sórdido, morboso o gore que esbozan las confesiones sobre drogas y juergas a un escándalo imprevisible, la cascada de acusaciones de los líderes del PP andaluz contra el consejero Manuel Recio y sobre todo el presidente José Antonio Griñán han sido el eje de sus acusaciones de corrupción institucional en Andalucía después de 30 años de Gobiernos socialistas. Arenas llegó a acusar a Griñán de orquestar una campaña “sucia” contra la magistrada y le ha situado por sistema como responsable de las ampliaciones de crédito para financiar los ERE durante su mandato como consejero de Economía.

El presidente ha respondido, pero solo en contadas ocasiones. La defensa del sistema de prejubilaciones para las reconversiones industriales iniciado bajo el mandato del exconsejero José Antonio Viera correspondió durante meses al actual consejero Manuel Recio, pero finalmente fue la consejera de Presidencia, Mar Moreno, la que ha cogido el esquivo toro por los cuernos.

Los enfrentamientos han sido en ocasiones muy agrios y durante los últimos meses se han recrudecido. De los debates parlamentarios se ha pasado a la arena política de precampaña y los populares van a rueda de prensa diaria. Porque el sumario es "una mina de oro", confiesan en privado dirigentes populares al tanto de la investigación. Durante el último año el PSOE e IU se han quejado de que la juez ignorara la norma no escrita de no intervenir en campaña electoral, y si en los pasados comicios municipales comunicó la imputación del exteniente de alcalde sevillano Antonio Rodrigo Torrijos, a cinco días de las elecciones generales señaló a Griñán en un auto por las operaciones de endeudamiento.

La prosa libérrima de la magistrada también ha dado argumentos a ambos partidos para elevar quejas incluso al Consejo General del Poder Judicial. Mientras, desde el enfrentamiento Junta-magistrada por las actas de los consejos de Gobierno que dilucidó el Tribunal Supremo, los populares han visto los toros desde la barrera con capotes esporádicos a la juez.

Ahora, en el último tramo de la carrera, Alaya ha pisado el acelerador y el trabajo de cuatro meses de la Guardia Civil ha dado sus frutos en forma de atestados. Está por ver si la instrucción pasará de puntillas por la precampaña o si la juez ignora la petición expresa del PSOE e imputa a más altos cargos después del exconsejero Antonio Fernández y los tres últimos directores generales de Trabajo.