Policía Nacional y Municipal se coordinarán mejor ante las protestas

Marea verde de profesores, marea blanca de sanitarios, 15-M, comerciantes contra la liberalización de los horarios comerciales, sindicatos y trabajadores contra los recortes... Ante la profusión de manifestaciones, concentraciones y todo tipo de convocatorias que se producen a diario en la región, cifradas por Cristina Cifuentes en entre 10 y 15 e incluso 20, las policías Nacional y Municipal mejorarán su nivel de coordinación para que "alteren lo menos posible la vida de los ciudadanos". Esta es la principal conclusión de la entrevista mantenida entre la delegada del Gobierno con el concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad de la capital, Antonio de Guindos, la primera tras sus recientes nombramientos.

Cifuentes ha destacado de entre los acuerdos de la reunión de esta mañana -en la que también han participado el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández, y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo- que habrá "reuniones de coordinación especifica en cada acto que se vaya a producir y en cada situación que suponga un hipotético riesgo de orden público". También se quiere "mejorar la información respecto a la comisión de los delitos". En este sentido habrá "una reunión semanal entre los mandos para que establezcan los mecanismos de actuación".

Se han acordado además "medidas para mejorar el transito en la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos meses". Preguntada si se puede vincular el aumento de las protestas con el paro, la delegada ha contestado que "se puede hacer o no" porque la situación se arrastra desde que comenzó la crisis "y no ha habido una conflictividad específicamente en la calle". Cifuentes se ha preguntado si, aunque se mantengan cifras de paro "similares", va a aumentar esa conflictividad porque ha habido un cambio de Gobierno y su respuesta ha sido igualmente ambigua.

En todo caso, ha advertido de que, como delegada, no va "a entrar a hacer muchas valoraciones porque la obligación de la Delegación es garantizar el derecho constitucional a manifestarse y hacerlo compatible con el derecho de los ciudadanos a poder transitar". Ayer, la delegada emplazó no obstante al 15-M a notificar al Gobierno sus convocatorias, como hace el resto de entidades políticas, sociales y ciudadanas, porque "es obligatorio" y para que no haya "ningún problema", dijo.

En una entrevista en ABC Punto Radio, señaló que "si quieren beneficiarse de la legislación en cuanto al derecho de reunión que lo cumplan íntegramente". "No queremos prohibir este derecho porque es constiucional, pero es obligatorio que se autorice para que lo protejamos. El problema es que no se comunica. Por ello, les pido que se notifique y que cumplan la ley", reiteró. En respuesta, los indignados han instado hoy a la Delegación a que respete el derecho ciudadano a participar en la actividad política "sin inmiscuirse ilegítimamente" en sus "formas de organización" ni pretender imponer la censura previa" de sus reuniones.

En un comunicado, la comisión legal del movimiento cita el artículo 21 de la Constitución sobre el derecho de reunión pacífica, que establece que "no necesitará autorización previa" y que la autoridad solo podrá prohibir "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". Sobre la obligación de comunicar a las autoridades estas reuniones, entienden que se trata de "prevenciones" que suponen "reminiscencias de un Estado autoritario que veía a la ciudadanía como objeto de control y seguimiento, más que como sujetos de derechos".

El 15-M considera que después de 30 años, el poder legislativo debe reinterpretar la norma para que se adapte "a los nuevos tiempos". Por otra parte, argumenta que el movimiento se organiza mediante asambleas que son "ampliamente comunicadas" a través de las redes sociales y los medios "y las autoridades tienen pleno conocimiento de todas". A su juicio, la exigencia del requisito administrativo de comunicar las reuniones contravendría el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas". Mañana mismo habrá una reunión en Sol, convocada por el grupo de trabajo de economía para denunciar el "expolio" de las cajas de ahorro y en defensa de una banca pública. Sin comunicación previa, claro está.