Los empresarios atacan el "coste desproporcionado" de la estructura del Estado

"El abaratamiento del despido lo protege, porque muchas empresas no puede abordar ahora las indemnizaciones, es un hecho empírico". Es una de las reflexiones realizadas por la directiva del Círculo de Empresarios de Galicia, que esta mañana presentó su propio compendio de medidas contra la crisis. Rebaja de impuestos, deducciones fiscales para los familiares que colaboren en la puesta en marcha de negocios de sus parientes, una cuota de 50 euros para los autónomos (ahora pagan 3.000 al año), revisión del Inem, suspensiones temporales de empleo con coste para el Estado o la reforma de la Ley de Huelga para "castigar los abusos de la empresa y los piquetes del todo vale" entran dentro del listado de marcado carácter neoliberal que abandera la organización empresarial con sede en Vigo. Marcelino Otero, su presidente, criticó el hecho de que el 83% de los despidos en España sean improcedentes -con indemnización máxima-, y abogó porque se reduzca su coste a 20 días y se avance hacia el contrato único indefinido. Frente al paro, "el trabajador debe quedar protegido no solo por el seguro de desempleo, sino también por un fondo individualizado al que contribuye la empresa durante el tiempo que esté vinculado a ella, como en el modelo austríaco". Ese fondo "sustituirá progresivamente a la indemnización por despido y acompañará a cada trabajador durante su vida laboral".

Jesús Bahíllo, gerente del Círculo, enfatizó en el adelgazamiento del Estado empezando porque, en su opinión “en Galicia sobran 200 de los 315 ayuntamientos”. Y recomendó la misma receta para Diputaciones y empresas públicas. “Las administraciones contaban en 2009 con 4.023 empresas, fundaciones y consorcios. Es preciso plantearse la funcionalidad y rentabilidad de estas entidades para proceder a su reestructuración de cara a su privatización, integración o liquidación”. Mención aparte merecen para la organización empresarial las televisiones públicas. “Urge la racionalización del gasto, sin descartar su privatización o cierre”.